PROGRAMA KIT DIGITAL: AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS

El martes 15 de marzo, comienza el plazo para que las empresas soliciten el bono dentro del programa KIT DIGITAL.

 

Este programa de ayudas tiene por objetivo fomentar la digitalización de las pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo.

 

Consiste en ayudas directas destinadas a financiar la adopción de una o varias soluciones de digitalización, de las establecidas en la convocatoria. Dentro de estas soluciones podemos encontrar el comercio electrónico, sitio web y presencia en internet, gestión de clientes o factura electrónica, entre otros.

 

El programa se ha dividido en tres fases, en función del número de empleados de la empresa solicitante, distinguiendo entre empresas que en el momento de la solicitud tengan de 10 a 49 trabajadores, empresas de 3 a 9 trabajadores, y aquellas empresas con 0 trabajadores (autónomos) a 2 trabajadores.

 

Esta convocatoria, únicamente va dirigida a las empresas del primer segmento, es decir, que tengan entre 10 y 49 trabajadores. Para el resto de empresas, se prevén próximas  convocatorias durante este año, de las cuales os iremos avisando puntualmente.

 

En cuanto al importe máximo de la ayuda para este tipo de empresas, será de 12.000 euros. Este importe no podrá destinarse a una única solución de digitalización, sino que en la propia convocaría se establecen unos límites máximos para cada una de ellas, pudiendo la empresa dedicar el importe recibido a varias.

 

El plazo para solicitar la ayuda, como indicamos anteriormente, comienza el 15 de marzo y finaliza el 15 de septiembre, o bien, hasta que se agote el crédito de esta convocatoria, el cual está fijado en 500 millones de euros.

 

Si queréis obtener más información, no dudéis en consultarnos.

EL MODELO 720 Y SU OBLIGADA ADAPTACIÓN AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

El modelo 720 es una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Es decir, aquellos residentes fiscales en España que sean titulares de acciones, valores, cuentas o inmuebles en el extranjero, deben presentar ante la AEAT el mencionado modelo.

La normativa que regula la declaración, establece tres grupos de bienes, debiendo presentar un modelo por cada uno de ellos. Así nos encontramos los siguientes grupos:

  • Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
  • Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero.

 

No existe obligación de informar ningún bien de aquellos grupos en los que la suma de los bienes no supere los 50.000€. En los grupos en los que se supere, estarán obligados de informar de todos los bienes que lo integran. 

Su plazo de presentación es desde el 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio siguiente al que surja la obligación, y siempre de forma telemática.

Uno de los elementos más importante en este modelo es el relativo a las sanciones, las cuales conllevan unos importes monetarios muy elevados. Así, por la no presentación del modelo de uno de los grupos, están establecidas sanciones de 10.000€. Si la obligación existiese por cada uno de los grupos, la sanción será de 30.000€.

No obstante, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión, pues conlleva una restricción a la libre circulación de capitales.

Asimismo, la sentencia indica que resulta desproporcionada la imprescriptibilidad que permite a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, en relación con los objetivos perseguidos.

Esto ha llevado al Gobierno a reducir las sanciones aparejadas al modelo, incluyendo seis enmiendas a la Ley que actualmente se tramitan en el Senado. Estas enmiendas establecen la eliminación de la imprescriptibilidad, de manera que la obligación prescribe a los cuatro años como establece la normativa general, y se sustituye el anterior régimen sancionador por el régimen general recogido en la Ley General Tributaria.

 

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TODO LO QUE TE INTERESA SABER SOBRE EL CONTRATO FIJO-DISCONTINUO

La reforma laboral impulsa esta modalidad de contrato de trabajo, que combina flexibilidad y estabilidad laboral, para ajustarse a las necesidades productivas de las empresas y evitar la excesiva temporalidad y rotación de trabajadores.

 

¿Qué puestos de trabajo se pueden cubrir con este contrato?

 

-        Los de naturaleza estacional o vinculados a actividades de temporada, tal y como venían utilizándose hasta ahora.

-        Los que supongan una actividad intermitente y tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

-        Los derivados de contratas mercantiles o administrativas de la actividad ordinaria de la empresa; aquí está el sustituto del contrato por obra o servicio que deja de existir el 31.03.2022. El convenio colectivo sectorial podrá fijar un periodo máximo de inactividad entre subcontratas y, si no lo prevé, el plazo son tres meses.

-        Los que celebran a través de ETT los trabajadores para ser cedidos sucesivamente a diferentes empresas usuarias.

 

¿Cómo se formaliza?

 

            Necesariamente por escrito, haciendo constar la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien con carácter estimado, ya que podrá ser concretada en el llamamiento.

 

¿Qué es el llamamiento?

 

            Este contrato intercala periodos de actividad y de inactividad. El llamamiento es la comunicación de la empresa para que la persona trabajadora se incorpore, es decir, inicie un periodo de actividad.

            Debe realizarse por escrito o por otro medio de notificación que deje constancia y con una antelación adecuada. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa se fijarán los criterios por los que se regirán los llamamientos.

 

¿Qué consecuencias tiene incumplir el llamamiento?

 

            Si la empresa no cumple su obligación de llamamiento,  las personas trabajadoras pueden reclamar por despido.

            Atención a esta información: si la persona trabajadora está de baja médica al producirse el llamamiento, la empresa debe darla de alta y asumir el pago delegado, según tiene sentado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 

¿Qué derechos tienen las personas trabajadoras?

 

            Todos los que cualquier trabajador y además:

-        solicitar la conversión voluntaria para puestos fijos ordinarios si hay vacantes, de lo que deben ser informados por la empresa.

-        Durante los periodos de inactividad se consideran colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.

 

¿Cuenta la antigüedad desde el primer contrato?

 

            Pues depende, sí y no, según a qué efectos. El texto de la ley dice que tienen derecho a que se compute toda la duración de la relación laboral y no sólo los periodos de actividad, salvo en “aquellas condiciones que exijan un tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia.

 

            El Tribunal Supremo tiene ya una doctrina unificada sobre estos distintos efectos (y que parece que la nueva ley la refleja), que se puede resumir así:

 

a) derechos de promoción económica y profesional: se cuenta desde el inicio de la relación laboral, no sólo los periodos efectivos de trabajo (caso trabajadores de la Agencia Tributaria en campañas de renta, a efectos de trienios, en el que además hay un Auto del TJUE).

 

b) indemnización por despido: cómputo de los periodos de servicios efectivos, teniendo en cuenta la naturaleza compensatoria de la indemnización, su configuración legal “años de servicio” y la necesaria proporcionalidad que debe guardar para no provocar discriminación con la generada por un contrato ordinario indefinido (STS 30.07.2020). Y es así salvo que exista una contratación temporal previa en fraude de ley, en cuyo caso se aplica la teoría de la unidad esencial del vínculo contractual.

 

            Esta cuestión está de nuevo en debate abierto; a pesar de que los agentes sociales han firmado el mismo texto de acuerdo, las organizaciones patronales y sindicales difunden distintas interpretaciones y conclusiones al respecto.

 

 

                                                                                  SERPYME  //  14.02.2022

 

Si quieres saber más, aquí puedes consultar las sentencias sobre:

 

Cómputo de antigüedad para derechos económicos -trienios AET:

 https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e5c9c065288f6700/20191118

 

Cómputo de antigüedad a efectos de indemnización por despido:

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/0e43a43b4363d5e7/20200921

 

Despido por falta de llamamiento a trabajador en I.T. Y caducidad de la acción:

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/6cd51706cdb17cdd/20220208

 

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Aún sigue abierto el plazo para solicitar las subvenciones dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León.

 

Tienen como objetivo financiar proyectos de inversión dirigidos a alcanzar la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio minorista.

 

Entre los gastos subvencionables de la misma, se encuentran los de adquisición, instalación y montaje de mobiliario y maquinaria, creación de páginas web, etc.

 

Estos gastos se han podido ejecutar desde el pasado 1 de julio de 2021, pudiendo realizarse hasta el próximo 31 de marzo de 2022.  

 

Para solicitarla, se deberá realizar o haber realizado un gasto mínimo de 2.000 € (sin incluir IVA).

 

El importe máximo de la subvención dependerá del proyecto subvencionable:

 

·         Si el proyecto es de digitalización, el máximo será un 75% del coste del proyecto, cuyo importe máximo aceptado será de 10.000 €.  Es decir, 7.500 €.

 

·         Para el resto de proyectos, el máximo será de un 50% del coste del proyecto, cuyo importe máximo aceptado será de 40.000 €. Es decir, 20.000 €.

 

Hay que señalar, estos importe únicamente se alcanzarán cuando el proyecto consiga la puntuación máxima, que depende de diversos factores.

 

El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 15 de abril. Es obligatorio haber realizado el pago del proyecto para el que se pide la subvención con anterioridad a solicitarla.

 

Si queréis obtener más información, no dudéis en consultarnos.

 

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