El pasado 29 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 22/2021, de 28 de diciembrede Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE). Esta norma incorpora una serie de medidas en el ámbito tributario, recogidas en el título VI, en los artículos 59 a 75.

En lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la principal medida es la nueva reducción en las aportaciones  y contribuciones a sistemas de previsión social, disminuyendo de 2.000 a 1.500 euros anuales el componente fijo del citado límite. Ya el año pasado la LPGE para el año 2021, redujo este límite de 8.000 euros a 2.000 euros anuales.

No obstante, el límite en la aportación por parte de la empresa a sistemas de previsión social a nombre del trabajador se ha visto incrementado, de 8.000 a 8.500 euros.

Como novedad, en aquellos casos en los que la empresa no llegue al límite de los 8.500 euros, podrá ser el trabajador el que aporte al instrumento de previsión social empresarial, con el límite antes señalado y, siempre y cuando, su aportación no supere a la de la empresa.

También en el ámbito de este impuesto, se prorrogan los límites excluyentes del método de estimación objetiva.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, la principal medida es el establecimiento de una tributación mínima para determinadas empresas. La LPGE modifica los artículos 30, 41, 49.1 y 71.1 de la LIS, añadiendo un nuevo artículo 30 bis, en el que se recogen los elementos de esta tributación mínima. Así, se aplicará a aquellos contribuyentes del impuesto cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, así como aquellas sociedades que tributen en régimen de consolidación fiscal. El tipo mínimo al que tributarán estas empresas será el 15%, excepto en el caso de ser entidades financieras o de nueva creación, en cuyo caso el tipo mínimo será el 18% y el 10%, respectivamente.

El Impuesto sobre la renta de los No Residentes también es objeto de una modificación similar, estableciendo una tributación mínima del 15 % de la base imponible.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, al igual que en el IRPF, se establece una prórroga de los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Finalmente, entre otras medidas, podemos destacar en el IAE, la creación de un nuevo epígrafe de actividad para Periodistas y otros profesionales en el ámbito de la información (Grupo 863); en el ITP/AJD, se actualiza la escala aplicable en la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios; y en el ámbito de las tasas, se incrementa un 1% el importe de las de cuantía fija.

 

LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE TRANSFORMARÁN EL MERCADO LABORAL

         La reforma aprobada por el RDLey 32/2021 supone un cambio de paradigma que persigue acorralar la precariedad laboral y transformar las plantillas de personas trabajadoras dotándolas de vinculación profesional y cualificación permanente, evitando la rotación laboral excesiva que impone la temporalidad.

 

         Las modalidades de contratos que estarán en vigor a partir del 30 de marzo de 2022 se pueden esquematizar así:

 

1.- ORDINARIO INDEFINIDO: es la norma general para la contratación laboral, de la que sólo se podrá apartar el contrato de trabajo cuando se den los requisitos legales de las excepciones que siguen a continuación.

 

2.- FIJO-DISCONTINUO: también de duración indefinida, si bien la naturaleza de los trabajos realizados, de carácter estacional o vinculados a actividades de temporada, justifica la discontinuidad.

También aquellos que, aunque no tengan esa naturaleza, sigan siendo intermitentes y se caractericen por tener periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

En esta modalidad se incluyen además los realizados para la ejecución de contratos mercantiles o administrativos que sean previsibles y formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Por convenio colectivo se pueden limitar sus periodos de inactividad, que serán como máximo de tres meses.

Por último, también se encajan en este tipo los suscritos por ETT.

En consonancia con la última doctrina del Tribunal Supremo, las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la vida laboral y no sólo el tiempo de servicios efectivamente prestados.

 

3.- TEMPORAL: desaparece el contrato por obra o servicio determinado, y se definen dos únicas causas de temporalidad:

        

         3.1.- CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN: justificado ante el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones de la actividad que genere desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el necesario (incluye las oscilaciones que derivan de las vacaciones anuales).

Su duración máxima es de 6 meses, salvo que el convenio colectivo la amplíe hasta un máximo de 12 meses mediante una única prórroga. Si las circunstancias son previsibles y de duración reducida y determinada, la duración máxima del contrato es de 90 días en el año natural.

Los requisitos de legalidad para este contrato son especificar claramente la causa, las circunstancias concretas que lo justifican y la conexión con la duración prevista.

Esta modalidad contractual está prohibida expresamente para la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas y concesiones administrativas.

Los contratos con una duración inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo de la empresa, que se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima el tipo general de contingencias comunes de la cuota patronal.

 

         3.2.- SUSTITUCIÓN de personas trabajadoras con reserva de puesto de trabajo, especificando en el contrato la persona sustituida y la causa de sustitución. También puede formalizarse para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora y para cubrir un puesto durante el proceso de selección o promoción para la cobertura mediante contrato fijo, limitándose la duración a tres meses en este último caso.

 

4.- FORMATIVO: con las dos variantes existentes ahora renombradas como,

 

         4.1.- DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL TRABAJO, que permite compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, estudios universitarios o el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Su duración se modifica pasando a ser de un mínimo de 3 meses y un máximo de dos años.

 

         4.2.- DE PRÁCTICA PROFESIONAL, que ha de ser adecuada al nivel de estudios obtenido por las personas trabajadoras tituladas. La duración mínima continúa siendo de 6 meses, pero la máxima se limita a un año.

 

                   ************************************************************

 

         Hasta aquí el breve resumen de los tipos de contratos que regirán las relaciones laborales a partir del segundo semestre del año próximo. Para el periodo transitorio, se fijan unas normas que enumeramos sintetizadas a continuación:

 

l  Los contratos por obra o servicio y los eventuales anteriores al 31.12.2021 se mantendrán vigentes hasta su finalización según la duración máxima prevista en la anterior regulación (incluido el contrato fijo de obra del sector de la construcción, con una nueva modalidad de extinción por fin de obra). 

l  Todos los contratos temporales celebrados desde ahora hasta el 30.03.2022 se regirán por la normativa anterior pero su duración no podrá superar los seis meses.

 

l  Los contratos formativos anteriores se mantendrán vigentes hasta agotar su duración máxima.

l  Los contratos celebrados por las Administraciones públicas y sus organismos vigentes al 31.12.2021, concertados por obra o servicio y vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años, mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada de acuerdo a su normativa de aplicación con el límite máximo de tres años contados a partir de aquella fecha.

 

         SANCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.

 

         El incumplimiento de las normas sobre contratación temporal se incrementa por una doble vía: cada contrato fraudulento conlleva una sanción (hasta ahora era considerada en conjunto), y se aumenta la cuantía de las multas; las mínimas serán de 1.000,- € y las máximas alcanzan los 10.000,-€.

 

 

                                            SERPYME  //  03.01.2022

 

Para ampliar información:

 

Real Decreto-Ley 32/2021:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf

 

Cambio de doctrina judicial en el contrato por obra o servicio:

https://www.serpyme.es/noticias/item/240-contrato-por-obra-o-servicio-cambio-de-doctrina-judicial

 

Acuerdo en la reforma laboral:

https://www.serpyme.es/noticias/item/263-acuerdo-en-la-reforma-laboral

NUEVOS MÉTODOS DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

El Tribunal Constitucional ha venido dictando una serie de sentencias relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más comúnmente conocido como “Plusvalía Municipal”.

Estas sentencias tienen como resultado la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del  TRLRHL, lo que supone en la práctica que al no ser constitucionales los métodos de cuantificación de la base imponible, no sea exigible el impuesto, ya que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local.

Hay que tener en cuenta que es un tributo que recaudan los Ayuntamientos, siendo su principal fuente de financiación junto con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Este tributo se devenga cuando se produce la transmisión del terreno, siendo exigible a transmitente en aquellas operaciones a título oneroso (compraventas) y al adquirente en las operaciones realizadas a título lucrativo (herencias o donaciones).

Esto llevó al Gobierno a aprobar el  Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre (BOE de 9 de noviembre y en vigor al día siguiente), por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localesa la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del IIVTNU. Esta reforma se limita a introducir un nuevo supuesto de no sujeción y a modificar el método de determinación de la base imponible.

Respecto a la primera modificación, se establece que no se produce la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

En cuanto a la segunda de las modificaciones, se establece una nueva redacción sobre la cuantificación de la base imponible, aplicable desde el pasado 10 de Noviembre, que se realizará uno de los siguientes métodos:

·         Sistema Objetivo: Se realiza mediante la aplicación al valor catastral del suelo  de unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación. Este método es similar al que se venía aplicando, pero con una variación de los porcentajes aplicables.

·         Plusvalía Real: en línea con las sentencias del TC, este método permite a los contribuyentes tributar por la plusvalía real del suelo (diferencia entre el precio de venta y de adquisición) si esta es inferior a la base imponible que arroje el sistema objetivo.

Sobre esta base imponible se aplicará el tipo impositivo que cada Ayuntamiento regule, estableciéndose un tipo máximo del 30%.

Esta declaración de inconstitucionalidad ha provocado dos circunstancias. Por una parte, que las transmisiones realizadas durante un periodo de tiempo, en concreto entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, no tengan que pagar el mencionado impuesto, ya que al no existir métodos de cálculo, no puede cuantificarse.

Asimismo, si el devengo del impuesto se produjo con anterioridad al 26 de octubre, y, o bien, no se ha presentado la liquidación, o bien, está recurrida, el obligado tiene un gran número de posibilidades de que se admita su recursos y no le sea liquidado el impuesto.

En  SERPYME os podemos dar el asesoramiento necesario para cada caso concreto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

 

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ACUERDO EN LA REFORMA LABORAL

            Nos hacemos eco de la noticia que supone que el Gobierno y los agentes sociales han alcanzado un acuerdo en la reforma estructural del mercado de trabajo. A falta de conocer los detalles, el comunicado del Ministerio de Trabajo recoge las tres grandes áreas en que se adoptan importantes modificaciones de la normativa laboral.

 

            En materia de contratación, y con el objetivo de reducir la excesiva temporalidad de las relaciones laborales en nuestro país, se limitará la duración de los contratos eventuales, dando mayor relevancia a los contratos fijos-discontinuos para actividades cíclicas. La contratación temporal fraudulenta será objeto de mayores sanciones económicas. Además, tratará de impulsarse la contratación formativa, mediante el modelo dual coordinado con el sistema de Formación Profesional y estudios universitarios.

 

            La estabilidad en el empleo se quiere también combinar con la flexibilidad en tiempos de crisis, para lo que se incorporan nuevos instrumentos que permitan a las empresas evitar los despidos, añadiendo a los ya conocidos ERTE un nuevo mecanismo RED que se formula como específico para crisis sectoriales con peculiaridades en torno a flexibilidad interna negociada, formación y recualificación de los trabajadores.

 

            El tercer eje del acuerdo se refiere a la negociación colectiva, y es el que verdaderamente trata de revertir algunos aspectos de la reforma de 2012 que restaron facultades a este derecho constitucional. Resumidamente, se recupera la ultra-actividad indefinida de los convenios colectivos, se da prioridad en materia salarial al convenio sectorial frente al de empresa y se garantizan los derechos de los trabajadores en empresas subcontratadas, por cuanto tendrán que regularse por convenio colectivo.

 

            La reforma acordada persigue dotar las relaciones laborales de un nuevo marco jurídico seguro y avanzado, cumpliendo lo requerido por Bruselas en cuanto a su aproximación a la legislación en otros estados europeos. Sin duda, si se consigue reducir la temporalidad, inestabilidad y precariedad laboral, el logro redundará en beneficio de todos y su efecto alcanzará a toda la sociedad en su conjunto.

 

 

                                                                                  SERPYME  //  27.12.2021

 

 

Puedes acceder al Comunicado oficial aquí: 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4059

 

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