Si bien la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo muchas de sus actuaciones a raíz de campañas específicas de control – de contratación temporal, en materia de jornada, de cotizaciones de revisiones salariales, etc. – sin necesidad de desplazarse a los centros de trabajo, mediante requerimientos enviados incluso por correo electrónico a las empresas, en otras ocasiones se persona el Inspector de trabajo en las dependencias de la empresa, ¿qué hacer? Sobre todo, conservar la calma.

 

          En el ejercicio de sus funciones, los inspectores tienen el carácter de autoridad pública, estando autorizados por la ley para entrar libremente y sin previo aviso en todos los centros de trabajo o establecimientos, así como a permanecer en los mismos. Sólo si el lugar de trabajo coincide con el domicilio de una persona física deben obtener su consentimiento o, en otro caso, autorización judicial. También recoge la ley que deberán identificarse documentalmente y comunicar su presencia al empresario o responsable, con la excepción de que esta identificación pueda perjudicar el buen fin de la actuación inspectora. En definitiva, no se debe impedir el acceso del inspector de trabajo y se le puede solicitar su acreditación. A tener en cuenta que la obstrucción de la labor inspectora también es una falta tipificada en la Ley de Infracciones y Sanciones.

 

          Las materias objeto de comprobación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podemos esquematizarlas así: relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, seguridad social, empleo y migraciones. Actúan de oficio en múltiples ocasiones (p.ej. ante un accidente laboral grave o muy grave, a fin de examinar si ha existido infracción en PRL), y en otras por denuncia o a requerimiento de otras administraciones (TGSS, Juzgados, etc.).

 

          ¿Qué puede ocurrir si, por ejemplo, tenemos trabajando una persona sin dar de alta en S.S.? Pues que el Inspector la identifique, compruebe este incumplimiento y, a renglón seguido, de curso a las actas de infracción y liquidación de cuotas. Los titulares de las noticias nos indican que esta situación de fraude es de las más frecuentes, a lo que cabe añadir que es también de las más graves con las que se pueden encontrar tanto la empresa como, en ocasiones, el trabajador, si es beneficiario de alguna prestación. Las sanciones por falta de alta del trabajador en S. S. tienen una cuantía mínima de 3.126 € ó de 10.001 € (ésta última si percibe alguna pensión o prestación); se pueden incrementar entre un 20 y un 50% (en función del número de afectados); conllevan la pérdida de ayudas, subvenciones y bonificaciones, así como la exclusión de todas ellas por un año; a lo que habrá que añadir las liquidaciones de cuotas de cotizaciones sociales. El trabajador-beneficiario, por su parte, perderá definitivamente las prestaciones por desempleo o seis mensualidades de su pensión.

 

          Finalmente, recordamos que desde el mes de julio de 2015 ya no es obligatorio disponer del Libro de Visitas para documentar la visita del Inspector de Trabajo, y que todas las actuaciones (visitas y comparecencias) deben quedar documentadas en una diligencia cuyo modelo se aprobó mediante la Orden ESS/1452/2016.

 

                                                                               SERPYME  //  02.10.2017

 (Todas las noticias publicadas en esta pagina son de elaboración propia. Queda prohibida su copia o difusión sin permiso expreso de los autores)    

 

También te puede interesar:

 Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de I.T.S.S.: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8168

 R.D. Legislativo 5/2000 Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060

Eliminada la obligación de disponer del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo: http://www.serpyme.es/noticias/item/137-eliminada-la-obligacion-de-disponer-de-libro-de-visitas-de-la-inspeccion-de-trabajo/137-eliminada-la-obligacion-de-disponer-de-libro-de-visitas-de-la-inspeccion-de-trabajo

 

 

 

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          Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (30.03.2017, Rec. 2155/2015) confirma la improcedencia del despido tácito al haber decidido la empresa unilateralmente suspender el contrato de trabajo del conductor, con causa en que le fue retirado temporalmente el permiso de conducir, necesario para realizar su actividad laboral.

Publicado en Laboral - Noticias

 

            La sentencia del Tribunal Supremo de 25/04/2017 (Rec. 848/2016) vuelve a eximir de responsabilidad a la compañía aseguradora porque el siniestro no se le comunicó en el plazo establecido en la póliza. Reitera así la doctrina sentada por la sentencia del 18/02/2016 (Rec. 3136/2014), que conlleva que la indemnización de daños y perjuicios reclamada por el trabajador accidentado sea por cuenta de la empresa.

            La cláusula en cuestión viene a imponer la obligación del tomador del seguro (la empresa) de comunicar el siniestro, ocurrido durante la vigencia de la póliza, en un plazo máximo; es decir, esta cláusula delimita temporalmente el riesgo asumido por la compañía aseguradora. Es perfectamente lícita y con plena validez, afirma el Tribunal.

            Dado que el tomador no comunicó el siniestro dentro del plazo fijado en el contrato de seguro, incumpliendo su obligación, la aseguradora es absuelta del pago de la indemnización reclamada (en torno a los 60.000,- € en los dos procedimientos).

            Los términos habituales de estas cláusulas son delimitar el riesgo asegurado a los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato o hasta uno o dos años después de su finalización (conviene revisar el condicionado de su contrato de seguro y tener claro el plazo). Cuando en la empresa ocurra un accidente grave, comuníquelo fehacientemente a la aseguradora; en caso de duda, hágalo también. Y siempre dentro del plazo estipulado en la póliza.

 

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                                                                            SERPYME  //  22.05.2017

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Martes, 16 Mayo 2017 10:43

JUBILACION ACTIVA

            Según establece el art. 214 de la Ley General de la Seguridad Social, la pensión de jubilación contributiva es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en las siguientes condiciones:

  • La jubilación tiene que producirse a la edad ordinaria (no bonificada ni anticipada).

  • El pensionista tiene que haber cotizado lo suficiente para tener derecho al 100% de pensión.

  • El trabajo que se realice puede ser a tiempo completo o parcial.

             Cumplidos estos requisitos, el pensionista percibe el 50% de la cuantía total de la pensión, con los límites legales máximos y sin complemento a mínimos.

El trabajador-jubilado tiene que mantenerse de alta en la Seguridad Social, si bien sólo cotizará por incapacidad temporal y contingencias profesionales, y un 8% adicional de cotización especial de solidaridad. Si el jubilado trabaja por cuenta ajena, ese 8% se distribuye entre empresa y trabajador, siendo el 6% a cargo de la primera y el 2% restante por cuenta del pensionista.

Esta fórmula de compatibilidad se enmarca dentro de la tendencia del Sistema orientada al envejecimiento activo, junto a otras formas de jubilación flexible, ya que el abanico de posibilidades se ha abierto sustancialmente en los últimos años, como se puede ver en el índice de la web de la Seguridad Social:

·        Jubilación ordinaria

·        Jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional

·        Jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad

·        Jubilación anticipada por tener la condición de mutualista

·        Jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista

·        Jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo

·        Jubilación anticipada por voluntad del trabajador

·        Jubilación flexible

·        Jubilación parcial

·        Jubilación especial a los 64 años

·        Jubilaciones anticipadas desde el 1-1-2004, por expediente de regulación de empleo

Trataremos de ir resumiendo las modalidades a fin de orientar las expectativas, si bien es imprescindible en cada situación particular hacer un examen pormenorizado de los requisitos y condiciones legales, antes de tomar una decisión al respecto.

                                                                 #asesoriaenleon #asesoriadeempresas #asesoriajuridica #aseorialaboral #asesoriaserpyme #serpyme        

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       Aunque no es una situación tan habitual como hace unos años, en razón del actual mercado laboral, ocurre a veces que un trabajador, descontento con su empleo (o su empleador), presiona a la empresa para que le “arregle el paro”, porque quiere dejar su trabajo pero cobrando la prestación por desempleo.

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        La nueva Sentencia concluye que: “(...) el art. 35 no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactados.” La obligación de llevar un registro horario “no existe por ahora” y por ello los Tribunales no pueden suplir la ley, como pretendió la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora revocada.

 

        También afirma que “la falta de llevanza o incorrecta llevanza del registro no se tipifica por la norma como infracción de forma evidente y terminante, lo que obliga a una interpretación restrictiva y no extensiva de una norma sancionadora.” Deslegitima así la instrucción de la ITSS que ya comentamos en la noticia de septiembre pasado http://www.serpyme.es/noticias/item/136-el-registro-obligatorio-de-la-jornada-diaria/136-el-registro-obligatorio-de-la-jornada-diaria

 

        En este sentido, es destacable la consideración de la Sala de que sería conveniente una reforma legislativa que “clarificara la obligación de llevar un registro horario”, que no sería “simplemente, registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que suponen la existencia de distintas jornadas, el trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte.”

 

        Esta sentencia del Pleno de la Sala de lo Social contiene tres votos particulares, suscritos por cinco de los trece magistrados que lo componen, quienes consideran que el recurso debió ser desestimado. Tal y como viene sucediendo en los últimos tiempos, no existe unanimidad en el criterio judicial supremo; por ello, es más que conveniente fijar nítidamente las normas para su mejor comprensión y cumplimiento.

 

        Y, sobre esta cuestión, uno de los votos particulares señala la “necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la actividad desarrollada”, más incluso desde la perspectiva del control empresarial, si bien atendiendo a que el “método de comprobación” del tiempo de trabajo ha de ser necesariamente flexible para adecuarse a la “heterogénea realidad empresarial: poco tiene que ver la empresa minúscula donde su titular (persona física) está al frente con la gran corporación multicéntrica; distinta es la actividad agrícola y la industrial; la muy tecnificada y la arcaica; etc. De igual modo, nada tiene que ver el centro de trabajo donde existe un horario rígido y uniforme a los largo de cinco días con la empresa que permite el horario libre y la realización de jornadas según demanda, etc. “

 

        Que tome nota el legislador; a ver si por fin empezamos a arrinconar el, tan cómodo como injustificable, café para todos.

                                                            SERPYME  //  06.04.2017

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Miércoles, 05 Abril 2017 08:21

CAMPAÑA DE RENTA 2016 (a presentar en 2017)

Hoy día 5 de abril comienza la campaña de renta 2016, pero sólo para la presentación telemática, la presentación presencial podrá realizarse desde el día 11 de mayo. El plazo, como es habitual, se extiende hasta el 30 de junio (26 de junio si el resultado es a ingresar y se opta por la domiciliación bancaria para su pago).

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Martes, 04 Abril 2017 09:10

A vueltas con la Plusvalía Municipal

   

   La reciente sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 16 de febrero, declara inconstitucionales varios artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa referente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana(IIVTNU). Aunque la sentencia es sobre una norma Foral afecta al referido Impuesto a nivel nacional.

   Como consecuencia de esta sentencia la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa para reformar el citado Impuesto, más conocido como Plusvalía Municipal, y devolver las cantidades cobradas indebidamente en este tributo durante los últimos cuatro años, en los casos en los que no haya existido ganancia patrimonial en la transmisión. Esta comisión también recoge la exigencia de acordar una "reforma global" del impuesto, con el objeto de que el cálculo de la cuota tributaria "refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos".

   Esta iniciativa pretende que las reclamaciones sean atendidas de manera eficaz, evitando una judicialización de los procedimientos pues una avalancha de reclamaciones podría saturar los tribunales, ya que actualmente es la única forma de reclamación posible.

    Os informaremos en cuanto se apruebe la norma que facilite estas devoluciones.

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       Ya hace diez años que el Tribunal Supremo estableció la doctrina de la unidad esencial del vínculo laboral (STS 08/03/2007) y sus efectos sobre la antigüedad a computar para calcular la indemnización por despido, fijando que la diversidad de contratos temporales sucesivos, si no están objetivamente fundados, no impide el cómputo de tiempo total de prestación de servicios, salvo que entre esos diferentes contratos exista una “interrupción significativa.”

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            El Grupo de Expertos constituido a partir de la reunión tripartita celebrada el pasado mes de octubre (a propósito del caso Diego Porras) ha evacuado sus conclusiones provisionales sobre el contrato de interinidad, aplazando por el momento el informe definitivo a la espera de que se resuelva la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Galicia, y que se espera sea abordada por la Gran Sala con las conclusiones del Abogado General.

            Este Grupo considera que la sentencia del caso Diego Porras contiene confusión conceptual, ambigüedades e indefiniciones que no hacen posible en el momento actual una modificación legal con un mínimo de seguridad jurídica. No obstante, avanza sus conclusiones provisionales, que sintetizamos a continuación:

-        Rechazo del llamado “contrato único”, siendo necesario mantener la contratación temporal, si bien limitando su utilización a proporciones justas.

-        Revisión en profundidad del contrato de interinidad, estableciendo límites temporales más estrictos y suprimiendo la exclusión de indemnización a su finalización.

-        La indemnización estará en la alternativa de 12 ó 20 días por año, regulando una nueva causa de despido objetivo (art. 52 ET) para esta modalidad contractual vinculada a la extinción de la situación de reserva de puesto de trabajo.

-        La duración máxima de la interinidad se fijaría en el marco del diálogo social, eliminando su posible utilización por las administraciones para vacantes anormalmente largas.

Ninguna mención contiene el documento a propósito de la extensión que realizó la sentencia del TJUE de septiembre de 2016 apreciando la discriminación en materia indemnizatoria entre fijos y temporales en general – no sólo interinos -. A la espera de que se lleve a cabo la imprescindible reforma legislativa, nos mantenemos en la inseguridad jurídica que ya pusimos de manifiesto en nuestra anterior publicación sobre el asunto http://www.serpyme.es/noticias/item/138-la-indemnizacion-por-extincion-de-los-contratos-temporales.

                                                                                         #asesoriaenleon #asesoriadeempresas #asesoriajuridica #aseorialaboral #asesoriaserpyme #serpyme        

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