Con la apertura del periodo de renta, aparecen en los medios los mágicos trucos para pagar menos a hacienda, pero conviene aclarar algunos de los contenidos, particularmente en cuanto al salario en especie por ser el que toca al área laboral.

 

            Se enuncia como uno de esos trucos fiscales “cambiar el salario en metálico por salario en especie”, porque algunos están exentos de IRPF; más osadamente, se afirma que “este tipo de honorario no tributa al fisco”, procurando un alivio fiscal; se ha llegado a oir en algún medio televisivo que “el salario en especie está libre de toda carga porque no va en la nómina.”

 

           Vamos a poner blanco sobre negro: como punto de partida, todas las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, se consideran salario (art.26 ET) y, como tal, tienen que estar incluidas en el recibo de salarios. La cuantía del salario en especie está limitada al 30% del total y no pueden minorar el salario en dinero por debajo del SMI.

 

           No se debe confundir el salario en especie con las percepciones extrasalariales (que también deben figurar en la nómina), destinadas a compensar los gastos derivados del desarrollo del trabajo, tales como manutención, alojamiento, locomoción, etc.

 

            El salario en especie normalmente vendrá fijado por el convenio colectivo o estará establecido mediante pacto entre empresa y trabajador, expreso o tácito. No se puede suprimir, modificar o establecer de forma unilateral, pues conlleva una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (art. 41.4.d) ET).

 

         Entre los distintos conceptos salariales en especie podemos encontrar frecuentemente la utilización o entrega de vehículos automóviles, plazas de garaje, tarjetas de gasolina, el disfrute de vivienda, de suministros (agua, luz, gas, carbón, etc), los préstamos con interés inferior al legal, cheques restaurante o servicios de comedor en la empresa, seguros de salud, incapacidad, fallecimiento, o viajes de turismo, hospedaje y manutención ajena al trabajo; es salario en especie cualquier consumo u obtención de bienes por precio inferior al normal o gratuito que el trabajador reciba para fines particulares y no exclusivamente para el desempeño de su actividad laboral.

 

            Todas estas modalidades de salario en especie están sujetas a unos criterios de valoración fiscal que, en atención a las circunstancias particulares del caso, determinan la sujeción o exención del impuesto, así como sus cuantías y límites. Cuestión compleja que no se resuelve afirmando una exención genérica, máxime cuando la exención es la excepción y no la regla.

 

            Por todo ello, cambiar el salario en metálico por salario en especie no parece una fórmula ni disponible, ni adecuada, ni sencilla para reducir la carga impositiva.

 

 

                                                                               SERPYME   //  10.04.2018

  

Más información: 

AGENCIA TRIBUTARIA – MANUALES – RENTAS EN ESPECIE: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2017/_Ayuda_Modelo_100/7__Cumplimentacion_IRPF__I_/7_2__Rendimientos_del_trabajo_personal/7_2_2__Rentas_en_especie/7_2_2__Rentas_en_especie.html

EDITORIAL EL DERECHO – ESPACIO ASESORIA FISCAL: https://www.espacioasesoria.com/utilidades/Infografias/retribucion-en-especie-en-el-irpf-infografia?__hstc=215613128.2d13e6b71d5deac8699fbd5d47cd7704.1496906277806.1523357424699.1523359257016.171&__hssc=215613128.2.1523359257016&__hsfp=681885309

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Lunes, 19 Marzo 2018 09:46

COMIENZA LA CAMPAÑA DE RENTA 2017

 

El pasado día 15 de marzo, ha dado comienzo la Campaña de Renta 2017. Este año estamos ante la campaña más larga, ya que se ha adelantado unas 3 semanas respecto a los plazos que normalmente maneja la Agencia Tributaria.

Se ha habilitado la posibilidad de presentar la declaración de la renta a través del teléfono móvil, mediante la aplicación de la AEAT.

Este año, el plazo para presentar declaraciones será desde el 4 de abril hasta el 2 de julio, al coincidir en sábado el habitual plazo de 30 de junio. En el caso de declaraciones con resultado a ingresar, el plazo para su domiciliación finaliza el 27 de junio.

Si bien aún no se podrá presentar la declaración hasta el día 4 de abril, desde ayer podemos obtener nuestra referencia y acceder a nuestros datos fiscales.

Para la obtención del número de referencia y poder acceder a los servicios de tramitación de Renta, se utiliza el Servicio RENØ. Como novedad este año, no se recibirá un SMS, si no que la referencia aparecerá directamente en pantalla, bien del ordenador, bien del dispositivo en el que se utilice la app de la Agencia. El número de referencia se obtendrá mediante la casilla 450 de la renta del ejercicio 2016, con la Cl@ve PIN o con el certificado electrónico.

También está disponible desde ayer, 15 de marzo el servicio de Renta WEB Open Simulador, con el que se podrán realizar en la propia página de la AEAT pruebas de posibles declaraciones, siempre y cuando se trate de un contribuyente que pueda declarar mediante el sistema Renta WEB.

En próximas publicaciones detallaremos novedades de la declaración de Renta 2017.

SERPYME 19/03/18

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Durante el mes de marzo de 2018 se debe presentar el modelo 720, relativo a los bienes y derechos que los residentes fiscales en España poseen en el extranjero en el ejercicio 2017.

Este modelo ha de ser presentado tanto por personas físicas como jurídicas, comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades sin personalidad jurídica residentes en España.  También han de declarar los representantes, apoderados o beneficiarios de los bienes en el extranjero en cualquier momento del año. Es decir, debe declarar cualquiera que tenga poder de disposición sobre dichos bienes, aunque no sea su titular.

Los bienes y derechos a declarar se agrupan en tres bloques:

1.      Cuentas y depósitos bancarios

2.      Valores, derechos, seguros y rentas.

3.      Inmuebles

El valor a partir del cuál existe la obligación de declarar está estabecido en 50.000 euros, para cada uno de los tres bloques. En el caso del primer bloque, se considera el saldo a 31 de diciembre o bien el saldo medio del cuarto trimestre y, si cualquiera de los dos supera los 50.000 euros, hay obligación de declarar, aunque se trate de cuentas o depósitos de titularidad compartida.

Si ya se ha presentado el modelo 720 en años anteriores, tan sólo existe obligación de declarar un bien ya informado en caso de que su valor haya aumentado en más de 20.000 euros, estableciendose también la obligación de declarar en caso de enajenación de inmuebles o cancelación de cuentas bancarias u otros activos, bienes o derechos.

Este modelo conlleva un régimen sancionador propio, con sanciones de cuantía importantísima. Así, por cada dato o conjunto de datos no declarados, o bien declarados de forma inexacta, incompleta o falsa, se fija una sanción de 5.000 euros, con un mínimo de 10.000 €.

Por tanto, dada la amplia casuística posible y las elevadas sanciones, es conveniente hacer un repaso de todos los bienes o derechos que se tengan en el extranjero, de cara a un correcto cumplimiento de las obligaciones de información.

 

SERPYME 7/03/18

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Lunes, 05 Marzo 2018 09:30

A PROPÓSITO DE LA HUELGA 8M

 

          El próximo día 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, está convocada una huelga a nivel global por asociaciones y grupos feministas, que varias organizaciones sindicales y algunos partidos políticos de ámbito nacional apoyan, cuyo objetivo declarado es el rechazo a la desigualdad y discriminación de las mujeres, y con diversas proyecciones planificadas: consumo, estudiantes, ciudadanos y trabajadores.

 

            Centrando la cuestión en lo que afecta a la huelga de trabajadores, primordial es recordar que el derecho a la huelga es un derecho constitucional, garantizado en el art. 28.2 de la Constitución Española, dentro del Título I comprensivo de los derechos fundamentales y libertades públicas, que reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses; así también recogido en el art. 4.1.e) del Estatuto de los Trabajadores como derecho laboral básico.

 

            Este derecho fundamental sólo tiene como límites a su ejercicio la libertad de trabajo de los no huelguistas y el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad, tales como transporte público, servicios hospitalarios, telecomunicaciones, etc., cuyo mantenimiento se fija mediante los llamados servicios mínimos.

 

El contenido del derecho a la huelga se materializa en la cesación del trabajo; el ejercicio del derecho de huelga suspende el contrato de trabajo (art. 45.1.l) ET), exonerando de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar. El cese temporal en la actividad laboral puede ser total (si abarca toda la jornada/s) o parcial, si se convoca para horas concretas. La convocatoria de las organizaciones CC OO y UGT para el próximo día 8 de marzo es de huelga parcial, de dos horas de duración en cada turno de trabajo; de 11:30 a 13:30 horas, o de 16:00 a 18:00 horas. Otras organizaciones sindicales han presentado su convocatoria de huelga para toda la jornada (24 horas).

 

La suspensión del contrato que provoca el ejercicio del derecho a la huelga tiene el efecto evidente de pérdida de la retribución (salario, complementos salariales, p.p. pagas extras…), que será total o proporcional a las horas de huelga. A efectos de seguridad social, si la cesación es total no hay cotización por la jornada de huelga, estando el trabajador en situación de alta especial. Si la cesación es parcial, se cotizará sólo por las retribuciones devengadas por el tiempo trabajado, permaneciendo el trabajador de alta real por toda la jornada.

 

Las empresas deben informar a la Tesorería General de la Seguridad Social las suspensiones de contrato con motivo del ejercicio del derecho mediante la presentación de una relación nominal de trabajadores en el plazo de cinco días; si no se informa, se deberán abonar las cuotas correspondientes al grupo de cotización del trabajador.

 

                                                                               SERPYME   //  05.03.2018

 

 

Más información:

           

MINISTERIO DE EMPLEO Y S.S. GUIA LABORAL - CONFLICTOS COLECTIVOS http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_12/contenidos/guia_12_25_2.htm

 

RD-LEY 17/1977https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-6061-consolidado.pdf

 

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Martes, 23 Enero 2018 17:04

PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2018

Como todos los años, la Agencia Tributaria ya ha hecho públicos los sectores en los que centrará su actividad de control sobre el fraude tributario.

Siguiendo la línea de años anteriores, la actividad económica vinculada a nuevos canales de venta, como el comercio electrónico, será un objetivo de control prioritario, tratando de detectar la existencia de tramas fraudulentas constituidas con ánimo de eludir impuestos.

Asimismo, se controlarán las plataformas online que agrupan varias tiendas, o aquellos casos en los que una empresa vende lo que otra produce, de cara a evitar operaciones triangulares concebidas para defraudar impuestos.

Pero la informática no sólo ha avanzado de cara a los vendedores, sino también de cara a Hacienda, que con nuevas técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos procurará una mayor eficiencia en la detección del fraude.

Otro campo de actuación será el control de la utilización de criptomonedas, o moneda virtual, que en estos momentos está viviendo un gran auge.

La entrada en vigor del sistema de suministro de información inmediata, el SII, supone que las empresas acogidas a dicho sistema no presenten el resumen anual de IVA, el modelo 390, por lo que la Agencia Tributaria establecerá controles analizando las operaciones en tiempo más cercano al de su realización, sin tener que esperar a los periodos de esa declaración anual.

En cuanto al IVA, se seguirá prestando especial atención a las operaciones intracomunitarias relacionadas con material o componentes electrónicos y vehículos. También se controlará la entrada de productos de mercados asiáticos, adquiridos por el consumidor final y susceptibles de ser declarados por un valor inferior al real al entrar en la Unión Europea, eludiendo así el pago de IVA correspondiente. Junto a todas estas operaciones en relación al IVA, se eliminará del Registro de Operadores Intracomunitarios a quien actué de forma fraudulenta.

 

El plan de control también señala otros campos de actuación como el control aduanero o de impuestos especiales. En cualquier caso, dada la rapidez con la que la Agencia Tributaria recopila información y los análisis de datos que realiza, conviene prestar mucha atención a las operaciones realizadas, de cara a evitar posibles comprobaciones o inspecciones. 

SERPYME 23/1/18

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          Cuando hace un par de años se empezó a hablar en España de economía colaborativa no pensamos que este “reinvento” del trueque fuera a convertirse en una actividad empresarial. Pero con las infinitas posibilidades que internet y las nuevas tecnologías ofrecen, ampliando el territorio vecino al Globo con un clic, se han gestado y han nacido agentes de servicios de intermediación, cuya gestión realizan a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, su principal activo.

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            Con fecha 02/11/17, se dictó sentencia por la Sala Cuarta en recurso de casación para unificación de doctrina sobre la determinación de los supuestos en que cabe recurso de suplicación en materia de impugnación de una sanción impuesta al beneficiario de prestaciones de S. S., en concreto, de prestaciones por desempleo.

            La Sala del TSJ – Valladolid había sostenido hasta ahora que en materia prestacional de sanciones de la LISOS no cabía recurso de suplicación si la cuantía no alcanzaba los 18.000.-€, en aplicación de lo previsto en el art. 191.3.g) LRJS, al incluir en el concepto de “actos administrativos en materia laboral” aquellos que tienen su origen en el ámbito de una relación de seguridad social; sólo excepcionaba a esta regla que se tratara del “reconocimiento o denegación” de prestaciones por desempleo – incluyendo el reintegro por indebidas – al considerarlo un acto gestor.

            Y es esta interpretación la que se casa y anula por el T.S., determinando como correcta la contradictoria emanada del TSJ-Cataluña: en los procesos de impugnación por el beneficiario de prestaciones de S. S., sancionado con la extinción de éstas, el acceso al recurso es posible por aplicación de la regla del art. 191.2.g) LRJS, es decir, siempre que el contenido económico supere los 3.000,-€.

            La STS 4053/2017 dictamina que “no cabe extender el restrictivo ámbito limitador del acceso al recurso de suplicación que se contiene en el art. 191.3.g) LRJS más allá de los supuestos que literalmente en los mismos se contiene, esto es, a las sentencias dictadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral, no de Seguridad Social. Adoptar la solución contraria a la que asumimos en esta decisión determinaría en la práctica la irrecurribilidad de todas las sanciones de extinción de las prestaciones impuestas a los beneficiarios en materia de desempleo – dado su importe mensual y su duración -, tanto en contributivas como en materia de subsidio para mayores de 52 años.”

                                                                                   SERPYME   // 12.12.2017

 

Si te interesa acceder al texto completo de la sentencia, puedes consultarlo aquí:

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e1722c4a65945c81/20171127

 

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Tal y como detallamos en un post anterior (pincha aquí para consultar), la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo implica una serie de novedades entre las cuales, a efectos fiscales, y con efectos desde el 1 de enero de 2018, destacamos las siguientes:

1.-  Deducibilidad de gastos de suministro: para los casos de autónomos que trabajen desde su vivienda, se establece que podrán deducirse los gastos de suministro de dicha vivienda en el porcentaje que resulte de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la actividad destinados a su negocio respecto a la superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Veamos con un ejemplo la aplicación de este nuevo precepto legal. Suponemos el caso de un arquitecto que destina parte de su vivienda a despacho profesional. En el modelo 037 ha comunicado a la AEAT que de su vivienda de 150 metros destinará 52,50 a su actividad, lo que supone un 35% del total de la superficie.

En un mes le llegan las siguientes facturas:

-        Luz: 95 euros

-        Gas: 100 euros

-        Teléfono e internet: 150 euros

-        Agua: 20 euros

-        TOTAL: 365 euros

El total que podrá deducir en su actividad será el 30% sobre el porcentaje de superficie afecto a la actividad, esto es, el 30% sobre el 35% de todos los gastos de suministro:

Total de gastos = 30% x 35% x 365 € = 38,33 euros

Hasta ahora, tan solo se podían deducir gastos de suministro en caso de tener contadores separados, lo cuál es poco habitual, lo que podía dar lugar a regularizaciones y sanciones.

2.- Deducibilidad de gastos de manutención: se equiparan los importes con los establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores, siempre que se produzcan establecimientos de restauración y hostelería, se abonen con medios electrónicos de pago y estén directamente relacionados con la actividad. Así, un autónomo podrá deducirse 27,27 euros al día (48 euros en el extranjero) si no pernocta y 53,34 euros diarios cuando pernocta en España (91,35 euros en el extranjero). Habrá que prestar atención a estos gastos, ya que se deberá mantener la factura y poder justificar la relación directa con la actividad.

 

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Nos encontramos en la recta final del año, y es el momento de aprovechar las ventajas que ofrece la normativa fiscal para reducir la carga fiscal por IRPF y que declararemos en 2018.

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Durante el presente mes de noviembre, habrá de presentarse ante la Agencia Tributaria, vía telemática, un nuevo modelo de información, denominado “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales”. Esta declaración ha de presentarse por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, es decir, no afecta a personas físicas. 

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