El modelo 720 es una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Es decir, aquellos residentes fiscales en España que sean titulares de acciones, valores, cuentas o inmuebles en el extranjero, deben presentar ante la AEAT el mencionado modelo.

La normativa que regula la declaración, establece tres grupos de bienes, debiendo presentar un modelo por cada uno de ellos. Así nos encontramos los siguientes grupos:

  • Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
  • Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero.

 

No existe obligación de informar ningún bien de aquellos grupos en los que la suma de los bienes no supere los 50.000€. En los grupos en los que se supere, estarán obligados de informar de todos los bienes que lo integran. 

Su plazo de presentación es desde el 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio siguiente al que surja la obligación, y siempre de forma telemática.

Uno de los elementos más importante en este modelo es el relativo a las sanciones, las cuales conllevan unos importes monetarios muy elevados. Así, por la no presentación del modelo de uno de los grupos, están establecidas sanciones de 10.000€. Si la obligación existiese por cada uno de los grupos, la sanción será de 30.000€.

No obstante, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión, pues conlleva una restricción a la libre circulación de capitales.

Asimismo, la sentencia indica que resulta desproporcionada la imprescriptibilidad que permite a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, en relación con los objetivos perseguidos.

Esto ha llevado al Gobierno a reducir las sanciones aparejadas al modelo, incluyendo seis enmiendas a la Ley que actualmente se tramitan en el Senado. Estas enmiendas establecen la eliminación de la imprescriptibilidad, de manera que la obligación prescribe a los cuatro años como establece la normativa general, y se sustituye el anterior régimen sancionador por el régimen general recogido en la Ley General Tributaria.

 

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Aún sigue abierto el plazo para solicitar las subvenciones dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León.

 

Tienen como objetivo financiar proyectos de inversión dirigidos a alcanzar la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio minorista.

 

Entre los gastos subvencionables de la misma, se encuentran los de adquisición, instalación y montaje de mobiliario y maquinaria, creación de páginas web, etc.

 

Estos gastos se han podido ejecutar desde el pasado 1 de julio de 2021, pudiendo realizarse hasta el próximo 31 de marzo de 2022.  

 

Para solicitarla, se deberá realizar o haber realizado un gasto mínimo de 2.000 € (sin incluir IVA).

 

El importe máximo de la subvención dependerá del proyecto subvencionable:

 

·         Si el proyecto es de digitalización, el máximo será un 75% del coste del proyecto, cuyo importe máximo aceptado será de 10.000 €.  Es decir, 7.500 €.

 

·         Para el resto de proyectos, el máximo será de un 50% del coste del proyecto, cuyo importe máximo aceptado será de 40.000 €. Es decir, 20.000 €.

 

Hay que señalar, estos importe únicamente se alcanzarán cuando el proyecto consiga la puntuación máxima, que depende de diversos factores.

 

El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 15 de abril. Es obligatorio haber realizado el pago del proyecto para el que se pide la subvención con anterioridad a solicitarla.

 

Si queréis obtener más información, no dudéis en consultarnos.

 

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El pasado 29 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 22/2021, de 28 de diciembrede Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE). Esta norma incorpora una serie de medidas en el ámbito tributario, recogidas en el título VI, en los artículos 59 a 75.

En lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la principal medida es la nueva reducción en las aportaciones  y contribuciones a sistemas de previsión social, disminuyendo de 2.000 a 1.500 euros anuales el componente fijo del citado límite. Ya el año pasado la LPGE para el año 2021, redujo este límite de 8.000 euros a 2.000 euros anuales.

No obstante, el límite en la aportación por parte de la empresa a sistemas de previsión social a nombre del trabajador se ha visto incrementado, de 8.000 a 8.500 euros.

Como novedad, en aquellos casos en los que la empresa no llegue al límite de los 8.500 euros, podrá ser el trabajador el que aporte al instrumento de previsión social empresarial, con el límite antes señalado y, siempre y cuando, su aportación no supere a la de la empresa.

También en el ámbito de este impuesto, se prorrogan los límites excluyentes del método de estimación objetiva.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, la principal medida es el establecimiento de una tributación mínima para determinadas empresas. La LPGE modifica los artículos 30, 41, 49.1 y 71.1 de la LIS, añadiendo un nuevo artículo 30 bis, en el que se recogen los elementos de esta tributación mínima. Así, se aplicará a aquellos contribuyentes del impuesto cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, así como aquellas sociedades que tributen en régimen de consolidación fiscal. El tipo mínimo al que tributarán estas empresas será el 15%, excepto en el caso de ser entidades financieras o de nueva creación, en cuyo caso el tipo mínimo será el 18% y el 10%, respectivamente.

El Impuesto sobre la renta de los No Residentes también es objeto de una modificación similar, estableciendo una tributación mínima del 15 % de la base imponible.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, al igual que en el IRPF, se establece una prórroga de los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Finalmente, entre otras medidas, podemos destacar en el IAE, la creación de un nuevo epígrafe de actividad para Periodistas y otros profesionales en el ámbito de la información (Grupo 863); en el ITP/AJD, se actualiza la escala aplicable en la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios; y en el ámbito de las tasas, se incrementa un 1% el importe de las de cuantía fija.

 

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El Tribunal Constitucional ha venido dictando una serie de sentencias relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más comúnmente conocido como “Plusvalía Municipal”.

Estas sentencias tienen como resultado la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del  TRLRHL, lo que supone en la práctica que al no ser constitucionales los métodos de cuantificación de la base imponible, no sea exigible el impuesto, ya que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local.

Hay que tener en cuenta que es un tributo que recaudan los Ayuntamientos, siendo su principal fuente de financiación junto con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Este tributo se devenga cuando se produce la transmisión del terreno, siendo exigible a transmitente en aquellas operaciones a título oneroso (compraventas) y al adquirente en las operaciones realizadas a título lucrativo (herencias o donaciones).

Esto llevó al Gobierno a aprobar el  Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre (BOE de 9 de noviembre y en vigor al día siguiente), por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localesa la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del IIVTNU. Esta reforma se limita a introducir un nuevo supuesto de no sujeción y a modificar el método de determinación de la base imponible.

Respecto a la primera modificación, se establece que no se produce la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

En cuanto a la segunda de las modificaciones, se establece una nueva redacción sobre la cuantificación de la base imponible, aplicable desde el pasado 10 de Noviembre, que se realizará uno de los siguientes métodos:

·         Sistema Objetivo: Se realiza mediante la aplicación al valor catastral del suelo  de unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación. Este método es similar al que se venía aplicando, pero con una variación de los porcentajes aplicables.

·         Plusvalía Real: en línea con las sentencias del TC, este método permite a los contribuyentes tributar por la plusvalía real del suelo (diferencia entre el precio de venta y de adquisición) si esta es inferior a la base imponible que arroje el sistema objetivo.

Sobre esta base imponible se aplicará el tipo impositivo que cada Ayuntamiento regule, estableciéndose un tipo máximo del 30%.

Esta declaración de inconstitucionalidad ha provocado dos circunstancias. Por una parte, que las transmisiones realizadas durante un periodo de tiempo, en concreto entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, no tengan que pagar el mencionado impuesto, ya que al no existir métodos de cálculo, no puede cuantificarse.

Asimismo, si el devengo del impuesto se produjo con anterioridad al 26 de octubre, y, o bien, no se ha presentado la liquidación, o bien, está recurrida, el obligado tiene un gran número de posibilidades de que se admita su recursos y no le sea liquidado el impuesto.

En  SERPYME os podemos dar el asesoramiento necesario para cada caso concreto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

 

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El pasado 10 de julio se publicó la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (cuya entrada en vigor se produce el día siguiente de la publicación en el BOE) con una serie de modificaciones que afectan a los recargos de extemporaneidad.

 

ANTIGUOS RECARGOS DE EXTEMPORANEIDAD:

La Ley General Tributaria, antes de la entrada en vigor de esta nueva ley, establecía:

-       Recargo del 5%, si la declaración se presentaba en los tres meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

-       Recargo del 10% si la declaración se presentaba entre los tres y seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

-       Recargo del 15% si la declaración se presentaba entre los seis y doce meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

-       Recargo del 20% si la declaración se presentaba a partir de los 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.

 

NUEVOS RECARGOS DE EXTEMPORANEIDAD:

A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, el recargo será de un 1% más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo voluntario para la presentación e ingreso.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se realiza una vez transcurridos los doce meses de la fecha límite, el recargo será de un 15%. Habrá intereses de demora, por el período que va desde el día siguiente al término de los 12 meses, hasta el momento en que se produzca la presentación.

Además, LOS NUEVOS RECARGOS PODRÁN APLICARSE DE FORMA RETROACTIVA:

será de aplicación a los recargos exigidos con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario y el recargo no haya adquirido firmeza.”

Como puede apreciarse, con el nuevo sistema de recargos, la situación actual es mucho más ventajosa para el contribuyente.

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Lunes, 22 Noviembre 2021 12:43

CALENDARIO LABORAL 2022

Están pendientes de publicarse las fiestas locales en el BOP - que en la ciudad de León y su área de influencia serán el viernes 24 de junio y miércoles 5 de octubre, pero ya está publicado en el BOE el calendario de fiestas laborales, con inclusión de las de ámbito nacional y autonómico, que se puede consultar a través de este enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17113.pdf

 

En este próximo 2022, las empresas que desarrollen su jornada semanal de lunes a viernes deben poner especial atención a la distribución de las horas máximas anuales fijadas por su convenio colectivo, dado que hay dos festivos – 1 de enero y 23 de abril – que coinciden en sábado; de los 248 días laborables, una vez descontados los 22 de vacaciones, restan 226 días efectivos que supondrían 1808 horas, a razón de 8 horas diarias de jornada.

 

Concluidas las fiestas navideñas, febrero y marzo no tienen festivos. Ya en el mes de abril se marcan los festivos de semana santa,  días 14 y 15, jueves y viernes santo.

 

Se trasladan al lunes siguiente por coincidir en domingo la fiesta del trabajo y el día de navidad, por lo que son no laborables los días 2 de mayo y 26 de diciembre.

 

            En agosto, el 15 día de la Asunción es lunes y se une al fin de semana ampliando la duración de las fiestas que se celebran en todo el país; el día de la fiesta nacional, 12 de octubre, parte la semana en dos al ser miércoles; y el día de todos los santos, 1 de noviembre, cae en martes para hacer propicio el puente.

 

            Ya en diciembre, el martes 6, día de la constitución,  y el jueves 8, día la Inmaculada, suponen una semana de intermitencia laboral total.

 

En el próximo mes de diciembre os haremos llegar como cada año el Calendario Laboral para vuestros centros de trabajo, deseando que el 2022 sea próspero y consigamos avanzar en los objetivos de progreso socio-laboral.

 

                                                                                  SERPYME  //  22.11.2021

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          Con carácter general, todas las sanciones pecuniarias impuestas por actas de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incrementan su cuantía en torno a un 20% respecto de la actual, por infracciones cometidas a partir del 01/10/2021. Esta modificación se introdujo a través de la D.F.Primera de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.

 

            Además, se incluye como infracción grave en el art. 7 LISOS “(…) no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legales y convencionalmente previstos.”

 

            Las nuevas cuantías de las sanciones en materia de relaciones laborales y de Seguridad Social pueden resumirse esquemáticamente en estos importes mínimos/ máximos, en función de su grado (mínimo, medio o máximo):

 

a)    Leves: de 70 a 750 €.

b)    Graves: de 751 a 7500 €.

c)    Muy graves: de 7.501 a 225.018 €

 

También se incrementan las específicamente señaladas en el texto legal; por ejemplo, ocupar trabajadores sin dar de alta tendrá una multa mínima de 3.750,-€; si además el empleado es beneficiario de prestaciones incompatibles con la ocupación, la sanción mínima se cuantifica en 12.001,- €. Las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora de comprobación en estos casos especiales tienen una cuantía mínima de 3.750,- €, que puede llegar a los 225.018€ en las calificadas como muy graves en su grado máximo.

 

Mediante el R.D.688/2021, de 3 de agosto, se modificó el Reglamento general sobre estos procedimientos para regular expresamente las reducciones establecidas con carácter general para las sanciones administrativas, que ya se venía aplicando por la ITSS desde hace un tiempo. Así, cuando la sanción propuesta sea exclusivamente pecuniaria, se podrá aplicar la reducción total del 40% siempre que el sujeto infractor haga una declaración expresa de reconocimiento de responsabilidad en la infracción imputada (20%), y de proceder al pago voluntario antes de la resolución (20%), renunciando al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso contra la sanción.

 

No obstante, en materia de Seguridad Social, cuando se practiquen actas de infracción y liquidación de cuotas concurrentes, es decir, por los mismos hechos y practicadas simultáneamente, la reducción aplicable es la prevista en el art.40.3 LISOS, que se califica de automática y alcanza al 50% de la sanción, siempre que muestre conformidad con la de liquidación y se ingrese el importe en el plazo procedente. Esta reducción automática sólo es aplicable cuando la cuantía de la liquidación supera la de la sanción, lo que en la práctica supone que estas sanciones no se verán reducidas en el 40% si no superan aquella: o el 50% o nada.

           

                                                                                              SERPYME  //  21/09/2021

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          La JUBILACIÓN ACTIVA, que permite compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo se incorporó a nuestro Derecho de Seguridad Social en el año 2013; a través de la Ley 6/2017, se incluyó la posibilidad de que la pensión de jubilación compatible fuera del 100% para los autónomos – con requisito de tener contratación de al menos un trabajador-; y poco tiempo después, se originó la controversia en la interpretación de qué se entiende por trabajador autónomo, tal y como informamos a través de esta publicación: https://www.serpyme.es/noticias/item/207-jubilacion-activa-autonomos-pension-del-50-o-del-100

 

             El INSS ha mantenido el criterio constante de que el trabajador autónomo actuando como persona física es el único que puede alcanzar el 100% de pensión de jubilación activa, reconociendo al autónomo societario el porcentaje del 50% en esta modalidad de jubilación. Los distintos órganos judiciales han mantenido interpretaciones divergentes en este asunto, y ahora el Tribunal Supremo resuelve la controversia en tres sentencias dictadas en recurso de casación para unificación de doctrina, todas del día 23 de julio pasado y del mismo Magistrado Ponente.

 

            La respuesta del Alto Tribunal a esta cuestión es que el autónomo societario no puede tener derecho al 100% de la pensión de jubilación activa, que sólo puede ser reconocida al autónomo persona física. Los argumentos expuestos en la fundamentación jurídica de las sentencias se pueden resumir en los siguientes puntos:

 

-       Como premisa, aunque el Régimen Especial de la Seguridad Social en el que se encuadran es el mismo, tanto la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo como la Ley de General de la Seguridad Social los diferencia en su terminología y definición.

-       La diferencia entre ambos en cuanto a su responsabilidad patrimonial es evidente; la persona física que prolonga su actividad asume la prolongación del riesgo empresarial, mientras que el administrador o consejero se beneficia de la limitación de la responsabilidad societaria.

-       Estrictamente, el requisito de tener contratado, al menos, un trabajador por cuenta ajena, solo lo cumple el autónomo persona física, pues el empleador en el caso de autónomos societarios es la persona jurídica, es decir, la titularidad de las relaciones laborales la ostenta la sociedad mercantil.

-       Si la finalidad de la norma de compatibilidad es mantener el empleo de trabajadores por cuenta ajena, solo se cumple con el trabajador autónomo persona física, ya que es la jubilación total de éste la que puede dar lugar a la extinción de los contratos de los trabajadores. La jubilación de un socio de la mercantil no impide el mantenimiento de la actividad empresarial.

-       Finalmente, la compatibilidad plena de la jubilación al 100% con la actividad autónoma es una excepción a la regla general de incompatibilidad de disfrute de la pensión con el trabajo del pensionista, por lo que no cabe una interpretación extensiva.

           

                                                                                              SERPYME  //  06/09/2021

 

 

Puedes acceder al contenido completo de la sentencia en este enlace:

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/db7380031d2ed6bc/20210806

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            Hoy entra en vigor el Real Decreto-Ley 14/2021, con las medidas adoptadas para atajar la temporalidad estructural en el empleo de las Administraciones Públicas, y que tiene dos ejes fundamentales: redefinir la condición de funcionario interino y autorizar un proceso de estabilización de empleo temporal.

 

         Respecto al primer contenido, la norma da nueva redacción al art.10 EBEP, Funcionarios Interinos, reforzando su carácter temporal, aclarando los procesos de acceso, objetivando las causas de cese e implantando un régimen de responsabilidad en casos de incumplimiento por la Administración.

 

            Además, y en línea con lo previsto para el personal laboral, establece un régimen de indemnizaciones a favor de los trabajadores si se incumple el plazo máximo de temporalidad previsto, que es de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades, si bien en el caso de personal laboral “la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el incumplimiento”; está por determinar cómo encaja esta previsión con la doctrina del TS acerca de la unidad esencial del vínculo laboral.

 

Importante delimitación: estas previsiones sólo serán de aplicación respecto del personal temporal nombrado o contratado a partir de la entrada en vigor de este RDL (DT2ª).

 

           Por lo que afecta al proceso de estabilización de empleo temporal, la tasa adicional para la estabilización incluirá las plazas estructurales que, contenidas en la RPT, plantillas, etc., tengan dotación presupuestaria y hayan estado ocupadas de forma ininterrumpida desde al menos tres años antes del 31.12.2020 por personal temporal.

 

            Los plazos regulados son los siguientes:

 

-       Aprobación de ofertas de empleo: antes del 31.12.2021.

-       Publicación de convocatorias: antes del 31.12.2022.

-       Resolución de procesos: hasta el 31.12.2014.

 

El objetivo es que la tasa de cobertura temporal no supere el 8%.

 

El sistema de selección será de concurso-oposición; el concurso podrá alcanzar un 40% de la valoración total, en el que contará mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

 

Los trabajadores-opositores en activo que no superen el proceso selectivo de estabilización recibirán una compensación económica equivalente a la establecida para los contratos irregulares.

 

El proceso no supondrá un incremento del gasto público ni de efectivos, limitándose a las plazas estructurales ocupadas por temporales.

 

En el ámbito de la Administración Local, se contempla que los municipios puedan encomendar la gestión de estos procesos a las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, entes supramunicipales u órganos equivalentes en CCAA uniprovinciales.

 

Las convocatorias de estabilización podrán servir también para la creación o integración de bolsas de empleo para aquellos candidatos que no superen el proceso selectivo pero alcancen una puntuación considerada suficiente.

 

 

                                                                                  SERPYME  //  08.07.2021

 

Puedes consultar el contenido íntegro de la norma en este enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf

 

 

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           Con base en la sentencia TJUE 03/06/2021, el Tribunal Supremo reinterpreta la consideración como indefinido no fijo de los trabajadores interinos cuando no concurre justificación de la falta de provisión de vacante. Y ello en aplicación del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, Anexo de la Directiva 1999/70/CE.

 

Estas son las claves de la nueva doctrina judicial:

 

·      El contrato de interinidad por vacante es aquel que puede celebrarse para cubrir temporalmente un puesto de trabajo vacante, durante el proceso de selección y hasta su cobertura definitiva.

·         Primer requisito de licitud: la existencia de vacante; en ausencia de plaza vacante, la contratación del interino deviene fraudulenta.

·         Mantenimiento de un único contrato, en ningún caso contratos sucesivos – salvo que se cambie al trabajador a otra plaza vacante -.

·         Duración limitada temporalmente: los procesos de cobertura de vacantes no deberán durar más de tres años, a contar desde la suscripción del contrato de interinidad.

·       El incumplimiento por la empleadora de su obligación legal de organizar el proceso selectivo para proveer la plaza vacante no justifica la duración inusualmente larga del contrato de interinidad.

·         Las normas presupuestarias tendentes a la estabilización y control del gasto no son causa objetiva que pueda justificar la falta de convocatoria y ocupación reglamentaria de las plazas vacantes, toda vez que la cobertura interina provoca el mismo gasto.

 

Como conclusión, el fraude en la contratación del interino lleva a la consideración de su relación laboral como indefinido no fijo, devengando derecho a las indemnizaciones legalmente tasadas para la extinción del contrato.

 

 

 

                                                                                  SERPYME  //  05.07.2021

 

 

Puedes consultar el contenido íntegro de la sentencia en este enlace:

https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/AGENDA/SENTENCIA%20DURACIÓN%20CONTRATOS%20INTERINIDAD.pdf

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