A partir del miércoles 20 de abril se modifica el uso de mascarilla en interiores. Esta medida fue aprobada en el Consejo de Ministros del martes 19 de Abril y ha sido publicada en el BOE esta mañana. Sintetizamos los contenidos más relevantes de los que informa el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril:

 

Con carácter general se suprime el uso obligatorio de mascarilla en los espacios interiores, si bien se mantiene su utilización en:

 

§  Centros sanitarios y sociosanitarios.

§  Transportes públicos y discrecionales (taxi, VTC…)

§  Farmacias.

 

Se aconseja el uso responsable en interiores para personas vulnerables (mayores de 60, embarazadas, enfermos inmunodeprimidos) y también para todas aquellas personas que presenten sintomatología respiratoria.

 

El uso de mascarilla en centros de trabajo de otras actividades, tal y como ya anticipó a los medios la ministra de Sanidad, será evaluado por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales que concretarán las medidas a adoptar ante las condiciones particulares de cada empresa. Los principales aspectos que tendrán en cuenta son:

 

§  Distancia entre puestos de trabajo.

§  Existencia de elementos de aislamiento (despachos, mamparas...etc.)

§  Sistemas de ventilación y/o purificación de aire.

§  Distancia de seguridad en la afluencia de personas.

             

           

                                               SERPYME // 20.04.2022   

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   El 30 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

                Aunque en este Real Decreto-Ley se aprueban varios paquetes de medidas para paliar la situación económica que se está atravesando, nos centraremos en aquellas actuaciones que tiene especial incidencia en el ámbito tributario.

1.       Bonificación de 0,20€ en determinados productos energéticos

                La medida de mayor difusión es la contemplada en el Capítulo VI, denominada “Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos”. Esta medida tiene como finalidad bonificar con un importe de 20 céntimos sobre el importe de venta al público por cada litro de producto adquirido, entre ellos, gasóleo, gasolina, gas y adblue.

                Esta medida estará vigente desde el 1 de abril hasta el día 30 de junio, ambos incluidos.

                Para la gestión de esta bonificación, se nombra colaboradores a los titulares de los derechos de explotación de las instalaciones, así como a quienes realicen las ventas directamente. Éstos, en los documentos que expidan, deberán indicar el importe de la operación, distinguiendo el importe antes de aplicar el descuento y después. Además, deberán indicar expresamente la referencia al RDL que aprueba la bonificación. El legislador ha dado un plazo para adaptar estos requisitos, entrando en vigor el 15 de abril.

                El colaborador podrá solicitar la devolución de esta bonificación, entre los días 1 y 15 del mes siguiente, si bien se establecerá un mecanismo para que solicitar el anticipo a cuenta de los importes. Todos estos trámites se realizaran a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, para lo cual se han establecido unos formularios. Los primeros anticipos de aquellas empresas que lo soliciten, se abonarán la próxima semana.

                Esta bonificación será financiada en parte por aquellos operadores al por mayor de este tipo de productos, con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros. Se realizará bien mediante un descuento directo de 5 céntimos o mediante una prestación patrimonial al Estado.

2.       Límite del 2% en alquileres destinados a vivienda

                Otra medida a destacar es la limitación de los alquileres, recogida en el artículo 46 del texto. La negociación de la actualización anual de la renta no podrá ser mayor al Índice de Garantía de Competitividad, que en la actualidad se sitúa en un 2%. Dicha medida aplicará a aquellas revisiones que por contrato se realicen entre el 31 de marzo y el 30 de junio. Esta medida únicamente aplicará aquellos inmuebles destinados a vivienda, por lo que no estarán afectados los locales.

3.       Nueva línea de avales ICO para autónomos y empresas

El Plan incluye también la emisión de una nueva línea de avales ICO, por importes de 10.000 millones de euros, así como ayudas a diferentes sectores afectados especialmente por la crisis, como sector agrario, pesquero, de transporte, y a las industrias que sean electrointensivas o gasintensivas.

4.       Devolución de ayudas en caso de despidos

                Por último destacaremos que aquellas empresas que sean beneficiarias de alguna de las ayudas establecidas en este Plan Nacional, deberán reintegrar las ayudas si despiden por causa objetiva fundada en el aumento de costes energéticos. Asimismo, los ERTE´s relacionados con la invasión de Ucrania que obtengan apoyos públicos tampoco podrán realizar despidos por estas causas.

               

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            La jurisprudencia de la Audiencia Nacional publica hoy una sentencia del pasado 22/02/2022 (Roj: SAN 512/2022) que evidencia una de las situaciones a las que trata de poner coto la nueva redacción del art. 42.6 del Estatuto de los Trabajadores, dada por el RDLey 32/2021.

 

            El asunto enjuiciado bajo la modalidad de conflicto colectivo puede sintetizarse así: una empresa multiservicios, que carece de convenio sectorial propio, suscribe un acuerdo con el delegado de personal de uno de sus centros de trabajo, mediante el que convienen la aplicación de los derechos mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y, en particular, del salario mínimo interprofesional. Según recoge la sentencia, distintos trabajadores han entablado demandas reclamando otras condiciones salariales previstas en convenios sectoriales, y la empresa promueve este proceso pretendiendo poner fin a éstas.

 

            En el juicio, el representante de los trabajadores se allana a la demanda de la empresa,  pero la Sala de lo Social considera que este allanamiento se produce en fraude de ley y en perjuicio de los intereses de las personas trabajadoras. Según la doctrina jurisprudencial, el convenio colectivo aplicable en este tipo de empresas es el de la actividad real o el de la preponderante. El delegado de personal no tiene legitimación para negociar un convenio de empresa aplicable a otros centros de trabajo en los que no fue elegido y, en todo caso, este acuerdo extraestatutario no tendría la prioridad aplicativa que antes otorgaba el art. 84 ET.

 

            Las consecuencias para la empresa, en resumen, son tres: se desestima su demanda, se le impone una multa de 6.000 € por temeridad (fraude procesal) y se remiten las actuaciones al Ministerio Fiscal a fin de que se determine si ha incurrido en el delito previsto en el art. 311.1 del Código Penal: “los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.”

 

            Pretender soslayar los derechos salariales de las personas trabajadoras con un acuerdo de empresa ilegítimo y contraviniendo el ordenamiento jurídico puede tener un resultado francamente desfavorable.

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Miércoles, 16 Marzo 2022 11:00

EL CONTRATO INDEFINIDO ADSCRITO A OBRA

         En el sector de la construcción, el contrato fijo de obra, como especialidad del contrato por obra o servicio determinado, desaparece con esta denominación,  por lo que la reforma laboral operada por el RDLey 32/2021 lo redefine para adaptarlo a las garantías de estabilidad en el empleo exigidas.

 

            Con la nueva denominación “indefinido adscrito a obra”, se caracteriza este contrato de trabajo por ser exclusivo del sector de la construcción y para las actividades propias de obras. La novedad más relevante es que establece la obligación empresarial de realizar al trabajador una propuesta de recolocación al finalizar la obra o la/s unidad/es de obra/s a la/s que esté adscrita la persona trabajadora.

 

            La propuesta de recolocación debe formalizarse por escrito y con un preaviso de 15 días, especificando el lugar de la nueva obra, fecha de incorporación prevista y, en su caso, acciones formativas necesarias para el puesto.

 

            Realizada la propuesta, el contrato podrá extinguirse en tres circunstancias:

 

1.- Que la persona trabajadora rechace la recolocación, lo que debe notificar a la empresa por escrito en 7 días. Si no da respuesta en este plazo, se entiende que hay rechazo.

 

2.- Que la cualificación de la persona trabajadora (incluso recualificación) no es adecuada para otras obras que la empresa desarrolle en la provincia, o no permite su recolocación porque hay exceso de personal para las mismas funciones.

 

3.- Que no tenga la empresa obras en la provincia acordes a la cualificación profesional de la persona trabajadora.

 

            En estos dos últimos casos, la empresa debe notificar la extinción del contrato con un preaviso de 15 días.

 

            En cualquiera de las tres circunstancias, la indemnización por la extinción se mantiene en el 7% de todos los conceptos salariales devengados durante la vigencia del contrato.

 

            La extinción contractual así operada da lugar a que las personas trabajadores se encuentren en situación legal de desempleo, con derecho a percibir las prestaciones reglamentarias si cumplen el resto de requisitos para ello.

 

            El régimen transitorio establecido en la reforma para el antiguo contrato fijo de obra, suscrito antes del 31.12.2021, es que mantiene su vigencia en los términos del art. 24 del CC Estatal, es decir, hasta una duración máxima de tres años salvo que la última obra que se estuviera desarrollando al cumplirse este máximo se prolongara.

                                            SERPYME  //  15.03.2022

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El martes 15 de marzo, comienza el plazo para que las empresas soliciten el bono dentro del programa KIT DIGITAL.

 

Este programa de ayudas tiene por objetivo fomentar la digitalización de las pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo.

 

Consiste en ayudas directas destinadas a financiar la adopción de una o varias soluciones de digitalización, de las establecidas en la convocatoria. Dentro de estas soluciones podemos encontrar el comercio electrónico, sitio web y presencia en internet, gestión de clientes o factura electrónica, entre otros.

 

El programa se ha dividido en tres fases, en función del número de empleados de la empresa solicitante, distinguiendo entre empresas que en el momento de la solicitud tengan de 10 a 49 trabajadores, empresas de 3 a 9 trabajadores, y aquellas empresas con 0 trabajadores (autónomos) a 2 trabajadores.

 

Esta convocatoria, únicamente va dirigida a las empresas del primer segmento, es decir, que tengan entre 10 y 49 trabajadores. Para el resto de empresas, se prevén próximas  convocatorias durante este año, de las cuales os iremos avisando puntualmente.

 

En cuanto al importe máximo de la ayuda para este tipo de empresas, será de 12.000 euros. Este importe no podrá destinarse a una única solución de digitalización, sino que en la propia convocaría se establecen unos límites máximos para cada una de ellas, pudiendo la empresa dedicar el importe recibido a varias.

 

El plazo para solicitar la ayuda, como indicamos anteriormente, comienza el 15 de marzo y finaliza el 15 de septiembre, o bien, hasta que se agote el crédito de esta convocatoria, el cual está fijado en 500 millones de euros.

 

Si queréis obtener más información, no dudéis en consultarnos.

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El modelo 720 es una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Es decir, aquellos residentes fiscales en España que sean titulares de acciones, valores, cuentas o inmuebles en el extranjero, deben presentar ante la AEAT el mencionado modelo.

La normativa que regula la declaración, establece tres grupos de bienes, debiendo presentar un modelo por cada uno de ellos. Así nos encontramos los siguientes grupos:

  • Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.
  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.
  • Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero.

 

No existe obligación de informar ningún bien de aquellos grupos en los que la suma de los bienes no supere los 50.000€. En los grupos en los que se supere, estarán obligados de informar de todos los bienes que lo integran. 

Su plazo de presentación es desde el 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio siguiente al que surja la obligación, y siempre de forma telemática.

Uno de los elementos más importante en este modelo es el relativo a las sanciones, las cuales conllevan unos importes monetarios muy elevados. Así, por la no presentación del modelo de uno de los grupos, están establecidas sanciones de 10.000€. Si la obligación existiese por cada uno de los grupos, la sanción será de 30.000€.

No obstante, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión, pues conlleva una restricción a la libre circulación de capitales.

Asimismo, la sentencia indica que resulta desproporcionada la imprescriptibilidad que permite a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, en relación con los objetivos perseguidos.

Esto ha llevado al Gobierno a reducir las sanciones aparejadas al modelo, incluyendo seis enmiendas a la Ley que actualmente se tramitan en el Senado. Estas enmiendas establecen la eliminación de la imprescriptibilidad, de manera que la obligación prescribe a los cuatro años como establece la normativa general, y se sustituye el anterior régimen sancionador por el régimen general recogido en la Ley General Tributaria.

 

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El pasado 29 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 22/2021, de 28 de diciembrede Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE). Esta norma incorpora una serie de medidas en el ámbito tributario, recogidas en el título VI, en los artículos 59 a 75.

En lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la principal medida es la nueva reducción en las aportaciones  y contribuciones a sistemas de previsión social, disminuyendo de 2.000 a 1.500 euros anuales el componente fijo del citado límite. Ya el año pasado la LPGE para el año 2021, redujo este límite de 8.000 euros a 2.000 euros anuales.

No obstante, el límite en la aportación por parte de la empresa a sistemas de previsión social a nombre del trabajador se ha visto incrementado, de 8.000 a 8.500 euros.

Como novedad, en aquellos casos en los que la empresa no llegue al límite de los 8.500 euros, podrá ser el trabajador el que aporte al instrumento de previsión social empresarial, con el límite antes señalado y, siempre y cuando, su aportación no supere a la de la empresa.

También en el ámbito de este impuesto, se prorrogan los límites excluyentes del método de estimación objetiva.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, la principal medida es el establecimiento de una tributación mínima para determinadas empresas. La LPGE modifica los artículos 30, 41, 49.1 y 71.1 de la LIS, añadiendo un nuevo artículo 30 bis, en el que se recogen los elementos de esta tributación mínima. Así, se aplicará a aquellos contribuyentes del impuesto cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, así como aquellas sociedades que tributen en régimen de consolidación fiscal. El tipo mínimo al que tributarán estas empresas será el 15%, excepto en el caso de ser entidades financieras o de nueva creación, en cuyo caso el tipo mínimo será el 18% y el 10%, respectivamente.

El Impuesto sobre la renta de los No Residentes también es objeto de una modificación similar, estableciendo una tributación mínima del 15 % de la base imponible.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, al igual que en el IRPF, se establece una prórroga de los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.

Finalmente, entre otras medidas, podemos destacar en el IAE, la creación de un nuevo epígrafe de actividad para Periodistas y otros profesionales en el ámbito de la información (Grupo 863); en el ITP/AJD, se actualiza la escala aplicable en la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios; y en el ámbito de las tasas, se incrementa un 1% el importe de las de cuantía fija.

 

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         La reforma aprobada por el RDLey 32/2021 supone un cambio de paradigma que persigue acorralar la precariedad laboral y transformar las plantillas de personas trabajadoras dotándolas de vinculación profesional y cualificación permanente, evitando la rotación laboral excesiva que impone la temporalidad.

 

         Las modalidades de contratos que estarán en vigor a partir del 30 de marzo de 2022 se pueden esquematizar así:

 

1.- ORDINARIO INDEFINIDO: es la norma general para la contratación laboral, de la que sólo se podrá apartar el contrato de trabajo cuando se den los requisitos legales de las excepciones que siguen a continuación.

 

2.- FIJO-DISCONTINUO: también de duración indefinida, si bien la naturaleza de los trabajos realizados, de carácter estacional o vinculados a actividades de temporada, justifica la discontinuidad.

También aquellos que, aunque no tengan esa naturaleza, sigan siendo intermitentes y se caractericen por tener periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

En esta modalidad se incluyen además los realizados para la ejecución de contratos mercantiles o administrativos que sean previsibles y formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Por convenio colectivo se pueden limitar sus periodos de inactividad, que serán como máximo de tres meses.

Por último, también se encajan en este tipo los suscritos por ETT.

En consonancia con la última doctrina del Tribunal Supremo, las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la vida laboral y no sólo el tiempo de servicios efectivamente prestados.

 

3.- TEMPORAL: desaparece el contrato por obra o servicio determinado, y se definen dos únicas causas de temporalidad:

        

         3.1.- CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN: justificado ante el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones de la actividad que genere desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el necesario (incluye las oscilaciones que derivan de las vacaciones anuales).

Su duración máxima es de 6 meses, salvo que el convenio colectivo la amplíe hasta un máximo de 12 meses mediante una única prórroga. Si las circunstancias son previsibles y de duración reducida y determinada, la duración máxima del contrato es de 90 días en el año natural.

Los requisitos de legalidad para este contrato son especificar claramente la causa, las circunstancias concretas que lo justifican y la conexión con la duración prevista.

Esta modalidad contractual está prohibida expresamente para la realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas y concesiones administrativas.

Los contratos con una duración inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo de la empresa, que se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima el tipo general de contingencias comunes de la cuota patronal.

 

         3.2.- SUSTITUCIÓN de personas trabajadoras con reserva de puesto de trabajo, especificando en el contrato la persona sustituida y la causa de sustitución. También puede formalizarse para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora y para cubrir un puesto durante el proceso de selección o promoción para la cobertura mediante contrato fijo, limitándose la duración a tres meses en este último caso.

 

4.- FORMATIVO: con las dos variantes existentes ahora renombradas como,

 

         4.1.- DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL TRABAJO, que permite compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, estudios universitarios o el Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.

Su duración se modifica pasando a ser de un mínimo de 3 meses y un máximo de dos años.

 

         4.2.- DE PRÁCTICA PROFESIONAL, que ha de ser adecuada al nivel de estudios obtenido por las personas trabajadoras tituladas. La duración mínima continúa siendo de 6 meses, pero la máxima se limita a un año.

 

                   ************************************************************

 

         Hasta aquí el breve resumen de los tipos de contratos que regirán las relaciones laborales a partir del segundo semestre del año próximo. Para el periodo transitorio, se fijan unas normas que enumeramos sintetizadas a continuación:

 

l  Los contratos por obra o servicio y los eventuales anteriores al 31.12.2021 se mantendrán vigentes hasta su finalización según la duración máxima prevista en la anterior regulación (incluido el contrato fijo de obra del sector de la construcción, con una nueva modalidad de extinción por fin de obra). 

l  Todos los contratos temporales celebrados desde ahora hasta el 30.03.2022 se regirán por la normativa anterior pero su duración no podrá superar los seis meses.

 

l  Los contratos formativos anteriores se mantendrán vigentes hasta agotar su duración máxima.

l  Los contratos celebrados por las Administraciones públicas y sus organismos vigentes al 31.12.2021, concertados por obra o servicio y vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años, mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada de acuerdo a su normativa de aplicación con el límite máximo de tres años contados a partir de aquella fecha.

 

         SANCIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.

 

         El incumplimiento de las normas sobre contratación temporal se incrementa por una doble vía: cada contrato fraudulento conlleva una sanción (hasta ahora era considerada en conjunto), y se aumenta la cuantía de las multas; las mínimas serán de 1.000,- € y las máximas alcanzan los 10.000,-€.

 

 

                                            SERPYME  //  03.01.2022

 

Para ampliar información:

 

Real Decreto-Ley 32/2021:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf

 

Cambio de doctrina judicial en el contrato por obra o servicio:

https://www.serpyme.es/noticias/item/240-contrato-por-obra-o-servicio-cambio-de-doctrina-judicial

 

Acuerdo en la reforma laboral:

https://www.serpyme.es/noticias/item/263-acuerdo-en-la-reforma-laboral

Publicado en Laboral - Noticias

El Tribunal Constitucional ha venido dictando una serie de sentencias relativas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más comúnmente conocido como “Plusvalía Municipal”.

Estas sentencias tienen como resultado la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del  TRLRHL, lo que supone en la práctica que al no ser constitucionales los métodos de cuantificación de la base imponible, no sea exigible el impuesto, ya que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local.

Hay que tener en cuenta que es un tributo que recaudan los Ayuntamientos, siendo su principal fuente de financiación junto con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Este tributo se devenga cuando se produce la transmisión del terreno, siendo exigible a transmitente en aquellas operaciones a título oneroso (compraventas) y al adquirente en las operaciones realizadas a título lucrativo (herencias o donaciones).

Esto llevó al Gobierno a aprobar el  Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre (BOE de 9 de noviembre y en vigor al día siguiente), por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Localesa la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del IIVTNU. Esta reforma se limita a introducir un nuevo supuesto de no sujeción y a modificar el método de determinación de la base imponible.

Respecto a la primera modificación, se establece que no se produce la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

En cuanto a la segunda de las modificaciones, se establece una nueva redacción sobre la cuantificación de la base imponible, aplicable desde el pasado 10 de Noviembre, que se realizará uno de los siguientes métodos:

·         Sistema Objetivo: Se realiza mediante la aplicación al valor catastral del suelo  de unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación. Este método es similar al que se venía aplicando, pero con una variación de los porcentajes aplicables.

·         Plusvalía Real: en línea con las sentencias del TC, este método permite a los contribuyentes tributar por la plusvalía real del suelo (diferencia entre el precio de venta y de adquisición) si esta es inferior a la base imponible que arroje el sistema objetivo.

Sobre esta base imponible se aplicará el tipo impositivo que cada Ayuntamiento regule, estableciéndose un tipo máximo del 30%.

Esta declaración de inconstitucionalidad ha provocado dos circunstancias. Por una parte, que las transmisiones realizadas durante un periodo de tiempo, en concreto entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, no tengan que pagar el mencionado impuesto, ya que al no existir métodos de cálculo, no puede cuantificarse.

Asimismo, si el devengo del impuesto se produjo con anterioridad al 26 de octubre, y, o bien, no se ha presentado la liquidación, o bien, está recurrida, el obligado tiene un gran número de posibilidades de que se admita su recursos y no le sea liquidado el impuesto.

En  SERPYME os podemos dar el asesoramiento necesario para cada caso concreto, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.

 

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Lunes, 27 Diciembre 2021 11:10

ACUERDO EN LA REFORMA LABORAL

            Nos hacemos eco de la noticia que supone que el Gobierno y los agentes sociales han alcanzado un acuerdo en la reforma estructural del mercado de trabajo. A falta de conocer los detalles, el comunicado del Ministerio de Trabajo recoge las tres grandes áreas en que se adoptan importantes modificaciones de la normativa laboral.

 

            En materia de contratación, y con el objetivo de reducir la excesiva temporalidad de las relaciones laborales en nuestro país, se limitará la duración de los contratos eventuales, dando mayor relevancia a los contratos fijos-discontinuos para actividades cíclicas. La contratación temporal fraudulenta será objeto de mayores sanciones económicas. Además, tratará de impulsarse la contratación formativa, mediante el modelo dual coordinado con el sistema de Formación Profesional y estudios universitarios.

 

            La estabilidad en el empleo se quiere también combinar con la flexibilidad en tiempos de crisis, para lo que se incorporan nuevos instrumentos que permitan a las empresas evitar los despidos, añadiendo a los ya conocidos ERTE un nuevo mecanismo RED que se formula como específico para crisis sectoriales con peculiaridades en torno a flexibilidad interna negociada, formación y recualificación de los trabajadores.

 

            El tercer eje del acuerdo se refiere a la negociación colectiva, y es el que verdaderamente trata de revertir algunos aspectos de la reforma de 2012 que restaron facultades a este derecho constitucional. Resumidamente, se recupera la ultra-actividad indefinida de los convenios colectivos, se da prioridad en materia salarial al convenio sectorial frente al de empresa y se garantizan los derechos de los trabajadores en empresas subcontratadas, por cuanto tendrán que regularse por convenio colectivo.

 

            La reforma acordada persigue dotar las relaciones laborales de un nuevo marco jurídico seguro y avanzado, cumpliendo lo requerido por Bruselas en cuanto a su aproximación a la legislación en otros estados europeos. Sin duda, si se consigue reducir la temporalidad, inestabilidad y precariedad laboral, el logro redundará en beneficio de todos y su efecto alcanzará a toda la sociedad en su conjunto.

 

 

                                                                                  SERPYME  //  27.12.2021

 

 

Puedes acceder al Comunicado oficial aquí: 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4059

 

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