El pasado 7 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación (https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf), que introduce dos nuevas obligaciones para las empresas.

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            Como continuación a nuestra publicación del pasado día 2 de enero, en relación con las novedades en el Régimen de Autónomos para 2019, https://www.serpyme.es/noticias/item/196-reformas-autonomos-para-2019, resumimos a continuación las medidas de más interés en materia laboral y de seguridad social.

 

          En materia laboral, por lo que se refiere a contratos de trabajo e incentivos afectados por la reducción de la tasa de desempleo inferior al 15%, destaca la supresión del contrato de apoyo a emprendedores; junto a ésta modalidad, se ven afectados los incentivos de los siguientes contratos:

-        Tiempo parcial con vinculación formativa.

-        Indefinido de jóvenes por microempresas y autónomos.

-        Nuevos proyectos de emprendimiento joven.

-        Primer empleo joven.

-        Contratos en prácticas mayores de 30 años.

-        Contratos de formación y aprendizaje (elimina límite edad de 30 años).

 

*No obstante, los celebrados con anterioridad al 01.01.2019 continúan rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su celebración.

 

También desde la perspectiva laboral, incorpora la posibilidad de establecer la “jubilación obligatoria” por convenio colectivo: podrán pactarse cláusulas que permitan la extinción del contrato al cumplir el trabajador la edad legal de jubilación, siempre que tenga derecho al 100% de la pensión y se fijen objetivos para favorecer la calidad y/o estabilidad del empleo (transformación de temporales en indefinidos, relevo generacional, compromisos de nuevas contrataciones, etc.)

 

En el ámbito de la Seguridad Social, podemos sintetizar así las medidas más relevantes:

 

1.     Inclusión en el Sistema de las personas que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades, prácticas no laborales en empresas y prácticas académicas externas, aunque no tengan carácter remunerado. Esta inclusión queda pendiente de desarrollo reglamentario (plazo previsto: 3 meses) para entrar en vigor.

2.     La base mínima de cotización para Régimen General, derivada del SMI de 900,- € mensuales, es de 1.050,-€; también para los empleados de hogar a tiempo completo (160 horas/mes).

3.     Supresión de la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de las prestaciones por contingencias comunes (empresas “autoaseguradoras”).

4.     Cotización incrementada en el 40% en los contratos de duración igual o inferior a cinco días, y la aplicación de un coeficiente para prestaciones del 1,4 correspondiente al descanso semanal (no aplicable a en contratos a tiempo parcial, relevo a tiempo parcial ni fijos-discontinuos).

5.     Modificación de la Tarifa de Cotización por Contingencias Profesionales (primas de A.T. y E.P.), pasando el tipo mínimo al 1,50% (antes 0,9%).

6.     Suspensión del sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral durante 2019, quedando pendiente la reforma del decreto regulador en este año.

 

En este mismo Decreto-Ley se incluyen la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2019; si quieres consultar el contenido completo, accede aquí https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf

 

         

                                                                     SERPYME  //  14.01.2019

 

 (Todas las noticias publicadas en esta pagina son de elaboración propia. Queda prohibida su copia o difusión sin permiso expreso de los autores)    

 

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Miércoles, 02 Enero 2019 12:07

REFORMAS AUTÓNOMOS PARA 2019

Ya están en vigor las nuevas medidas urgentes adoptadas en materia social, laboral y de empleo que publicó el BOE el pasado 29 de diciembre; os resumimos a continuación las que afectan a los trabajadores integrados en el Régimen Especial de Autónomos, agrupadas por materias.

 

COTIZACIÓN:

         

          Las bases mínimas son de 944,40 € (general), 1018,50 € (alta inicial mayores de 48 años) y de 1.214,10 € para autónomos societarios y/o con diez o más trabajadores en el año anterior. La máxima absoluta se fija en 4.070,10 € (2.077,80 € para edad igual o superior a 47 años).

 

         El tipo de cotización es del 30%, único y total, incluyendo contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional) y cese de actividad (desempleo), que ahora son coberturas obligatorias. Para el año 2020 se prevé un tipo total del 30,2%, y para 2021 del 30,4%.

 

          Con estas premisas, las cuotas se cifran en 283,32 €/ mes (mínima general) y 364,23 € /mes (autónomos societarios); a la base máxima corresponde una cuota de 1.221,03 €.

 

          El tipo de cotización único va a suponer una reducción de la cuota mensual para aquellos autónomos que ya tenían las coberturas de contingencias profesionales y cese de actividad. Para los que no lo tuvieran, el incremento es del 0,1% (respecto del 29,9% anterior) a cambio de una notable ampliación de las contingencias protegidas.

 

          En el apartado de reformas pendientes quedan el desarrollo del trabajo autónomo a tiempo parcial y la determinación de la base de cotización por ingresos reales.  

 

BONIFICACIONES: continúan vigentes las tarifas planas, que pasan a tener una cuota mensual de 60 € y las reducciones para el segundo año de actividad y siguientes, en función de edad, habitantes del municipio de actividad y/o discapacidad del autónomo.

 

DEVOLUCIONES POR PLURIACTIVIDAD: Los trabajadores autónomos que tienen derecho a devolución de cuotas por estar en pluriactividad recibirán ésta de oficio antes del 1 de mayo del año en curso.

 

OPCIÓN POR UNA MUTUA: Se abre un plazo de tres meses (hasta 31 de marzo) para que aquellos autónomos que mantuvieran la protección con el INSS puedan solicitar el cambio a una mutua, que surtirá efectos el 01.06.2019.

 

PRESTACIONES DE S.S.

 

          Como ya hemos apuntado, se configura como obligatoria la cobertura de todas las contingencias: enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo, enfermedad profesional y cese de actividad.

 

          La prestación por incapacidad temporal mantiene el derecho desde el cuarto día de baja; por accidente laboral se devenga el subsidio desde el día siguiente a la baja, igual que en R. General.

 

          A partir del 61º día de baja médica, el trabajador autónomo dejará de abonar la cotización, que será a cargo del órgano gestor (mutua, INSS o SEPE), lo que supone un alivio de la carga económica del autónomo en I. T. y evitará lagunas de cotización a efectos de futuras prestaciones.

 

          A los efectos de cobertura del accidente laboral, se define así: “el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial”. Además, el A.T. in itinere es el sufrido al ir o volver del lugar de prestación de la actividad (distinto del domicilio), concretamente, local, nave u oficina declarado afecto a la actividad a efectos fiscales.

 

          En la prestación por cese de actividad se amplía la duración, con un mínimo de 4 meses y un máximo de 24, lo que supone el doble de la anterior. Se crea además una comisión paritaria (mutuas, asociaciones de autónomos y admón. S. S.) que emitirá informe vinculante en las reclamaciones frente a resoluciones denegatorias.

 

SANCIONES: Se integra en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social una nueva infracción grave en materia de S. S. para las empresas que den de baja un trabajador en régimen general y mantengan la prestación de servicios sirviéndose de un alta en régimen de trabajadores por cuenta propia. La sanción mínima es de 3.126 € y la máxima de 10.000 €, considerando una infracción por cada uno de los trabajadores afectados.

          

                                                                     SERPYME  //  02.01.2019

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Martes, 18 Diciembre 2018 08:47

FELICES FIESTAS

En estos días tan especiales, desde Asesoría Serpyme queremos transmitir nuestros mejores deseos.
Un tiempo para celebrar y compartir. Una tradición que se mantiene inalterable, año tras año.
Con todo nuestro afecto, felices fiestas y próspero Año Nuevo.       

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El pasado 3 de octubre, tal y como publicamos en esta noticia, el Tribunal Supremo dictó Sentencia declarando exentas de IRPF las prestaciones por maternidad.

Desde ayer, día 3 de diciembre, está habilitado el formulario para solicitar la devolución de las cantidades que en su día tributaron y ahora quedan exentas. Basta con informar el año de percepción del cobro y el número de cuenta en el que queremos recibir la devolución para que Hacienda nos ingrese el importe correspondiente. No es necesario aportar ninguna documentación ni cálculo, ya que lo hará directamente Hacienda.

Por el momento, se ha habilitado el formulario para la solicitud de las cantidades tributadas por prestaciones percibidas en los años 2014 y 2015. Las de los años 2016 y 2017 podrán solicitarse a partir de enero de 2019, según informa la propia Agencia Tributaria.

La forma de identificarse para realizar la solicitud es a través de uno de los siguientes medios:

-        Certificado electrónico

-        Cl@ve PIN

-        Referencia RENØ. Esta referencia es la correspondiente a los servicios de Renta. Se puede utilizar la que se recibió para tramitar la declaración de la Renta 2017 o, si no se tiene, solicitar una nueva indicando el número de DNI y su fecha de validez, así como el importe de la casilla 450 de la declaración de la renta de 2016 o los últimos cinco dígitos de cualquier cuenta bancaria en la que el interesado sea titular, en caso de no haber presentado declaración de 2016.

Pese a que la sentencia no hacía mención expresa, la Dirección General de Tributos ha interpretado que también se deben considerar exentas las prestaciones de paternidad, por lo que también será posible solicitar la cantidad tributada por dicho concepto.

SERPYME  //  5.12.2018

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Cuando el facultativo del SPS extiende el parte de baja por enfermedad, solemos pensar que – salvo falta de carencia – las prestaciones económicas son automáticas: acreditada la incapacidad temporal, el subsidio es consecuencia inmediata. Pero, de un tiempo a esta parte, algunas mutuas están denegando la prestación económica cuando el motivo de la baja médica es “meramente estético”, con lo que están proliferando los procesos en los que se reclama el pago del subsidio de la I. T., si bien muchos más quedarán sin duda en el baúl de los no reclamados por aplicación del principio del collar y el perro.

Se puede situar el origen de este celo profesional intensificado de las entidades colaboradoras en la STS 21/02/2012 (Rec. 769/2011) dictada en casación para unificación de doctrina y de la que fue ponente el Magistrado J. Souto Prieto. En síntesis, el fallo del Alto Tribunal ratifica la denegación de la prestación de I. T. por la mutua (de algo menos de tres meses de duración) a una trabajadora que se sometió a una cirugía mamaria (sin más detalles).

La conclusión alcanzada, en palabras de la propia sentencia, es que “(…) la cirugía puramente estética, asumida de forma voluntaria y que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita, no solo se encuentra excluida del sistema de sanidad publica, sin recibir por lo tanto atención sanitaria de la Seguridad Social, sino que en principio tampoco genera el reconocimiento del derecho a obtener el subsidio que cubra el defecto de ingresos producido por la baja temporal en el trabajo, por la sencilla razón de que no satisface el requisito constitutivo de derivarse de una contingencia de enfermedad, común o profesional, o de accidente.”

Y los razonamientos que llevan a esta resolución, junto con otros genéricos, se pueden concretar en:

  • El art. 128.1.a) LGSS (art. 169 LGSS/2015) determina la necesidad de que la alteración de la salud sea debida a “enfermedad común o profesional y accidente.” La cirugía mamaria por razones meramente estéticas y otras intervenciones similares no puede estimarse que entren dentro de las indicadas contingencias (…) que aluden a un riesgo – hecho futuro e incierto – que cuando se actualiza produce el daño (situación de necesidad que protege la ley).

  • Este mismo precepto legal relaciona la prestación con la “asistencia sanitaria de la Seguridad Social”, por lo que tampoco en este caso la asistencia es con cargo a la S. S., según la cartera de servicios del SPS.

  • Remite estas situaciones voluntarias, en cuanto suspensivas del contrato de trabajo, a los apartados a) o i) del art. 45 ET (mutuo acuerdo y fuerza mayor temporal).

  • Desborda la protección que el legislador establece del pago del subsidio “financiar proyectos puramente personales de mejora de la apariencia física que no constituyan una situación de necesidad para el desenvolvimiento normal de la persona.

Pero la sentencia descrita también deja una grieta en aquellas situaciones especiales que en cada caso pudieran ser tomadas en consideración, ejemplificando algunas de ellas.

De una búsqueda simple en la base del CENDOJ, se pueden obtener sentencias posteriores de distintos Tribunales Superiores de Justicia que han reconocido el derecho al subsidio de I. T. por cirugía mamaria (bien por malformación, bien por sustitución de prótesis ante riesgo de rotura). Así, cronológicamente, Madrid Rec. 911/2017, Andalucía – Sevilla Rec. 1452/2016, Valencia Rec. 2907/2015, A Coruña Rec. 1029/2016, Valencia Rec. 1963/2014 y Madrid Rec. 379/2014.

En torno a intervenciones por miopía, astigmatismo y otros trastornos visuales, también reconocen el derecho a la prestación económica las STSJs de La Rioja Rec. 144/2018, Cataluña Rec. 2574/2017, Castilla y León – Valladolid Rec. 2330/2016 o Madrid Rec. 798/2014. Aunque también otras Salas lo deniegan, como la de Aragón Rec. 340/2017, si bien el recurso adolecía de defectos de técnica procesal.

Otros tratamientos, como liposucción, lipoaspiración, lipoabdominoplastia, etc. han sido también objeto de pronunciamientos judiciales. Para el TSJ de Murcia Rec. 44/2017 no es devengable el subsidio; pero para el TSJ Islas Baleares Rec. 231/2017 sí procede su abono.

Por último, como novedad más reciente, se han abordado los implantes dentales, considerando los fallos judiciales que procede el pago de la prestación, STSJ País Vasco Rec. 2373/2017 y Castilla y León – Valladolid Rec. 1061/2018.

Sin duda, es apreciable a simple vista la distancia que separa un tratamiento de liposucción o de implante capilar, por ejemplo, de una intervención para corregir un defecto de visión o someterse a implantes dentales; equivalente quizá a la que existe entre un justificante del peluquero y un informe del oftalmólogo o del odontólogo. Sería lógico pensar que fuera el médico del SPS – que tiene encomendada la tarea de expedir la baja médica – quien en primer término evaluara su procedencia, en función también del carácter profesional que tiene la incapacidad, también temporal, en el Sistema de S.S.

Pero parece excesivo negar la cobertura económica de la contingencia cuando se trata de corregir una merma de la capacidad funcional de la visión, órgano principal en cualquier contexto; más aún con el argumento de su exclusión del catálogo de prestaciones públicas de asistencia sanitaria (TSJ Madrid – Rec. 19/2016), cuando lo deseable sería que estuvieran incluidas.

Esta modalidad de reducción del gasto de I. T. recuerda mucho a las “altas en viernes” de hace un par de décadas. Al final, se carga la exclusión a la cuenta de la empresa… Pero este asunto lo dejamos para otro día.

SERPYME  //  26.11.2018

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          El Diccionario del Español Jurídico define el despido como “extinción de la relación laboral por voluntad del empresario”; hay otras formas de resolución del contrato de trabajo, pero lo que caracteriza esencialmente el despido es su carácter de acto unilateral.

 

          A esta entrada general le siguen varias del despido “con apellidos”: colectivo, disciplinario, por causas económicas, objetivas organizativas, etc., que atienden a sus causas; así como también improcedente, nulo, procedente, ajustado a derecho…, en relación a su calificación judicial; y termina con el despido tácito, que es el que se opera “sin presentar carta de despido y al margen de los requisitos exigidos por la ley.”

 

          Cuando el despido se opera sin observar los requisitos establecidos legal y/o convencionalmente es, por lo menos, improcedente, cuando no nulo (readmisión obligatoria).

 

          Hay unas exigencias básicas legalmente definidas para llevar a cabo un despido. De una parte, es imperativo que la decisión se comunique por escrito al trabajador, que fije una fecha de efectos y, por último, que se expliquen las causas o los hechos que lo motivan. El despido es un acto formal y causal.

 

          La carta de despido tiene que ser necesariamente notificada al trabajador, porque es un acto recepticio y, sin constancia de su entrega y  recepción, no surte efectos, no hay despido.

 

          Hablamos de causas del despido cuando la extinción de la relación laboral está fundada en circunstancias objetivas: económicas, técnicas, organizativas, productivas, ineptitud sobrevenida, etc.; en general, ajenas a la voluntad de las partes del contrato.

 

         Por el contrario, los hechos que motivan el despido son normalmente disciplinarios, es decir, tienen su origen en comportamientos del trabajador que constituyen incumplimientos muy graves, así tipificados en el régimen disciplinario del convenio colectivo aplicable.

 

          El relato de las causas o los hechos en la comunicación del despido es imprescindible y, a la vez, determinante en la defensa de su legalidad: a la hora del examen judicial que declare su procedencia, improcedencia o nulidad no se admitirán hechos o causas que no figuren en la carta. De ahí la importancia de la concreción y particularización de la comunicación escrita, y la escasa o nula utilidad de los formularios en esta materia.

 

          En cada tipo de despido hay además otros requisitos, que sería muy extenso detallar aquí, así como consecuencias indemnizatorias diversas, según el cauce legal y su calificación judicial posterior, que hacen necesaria la intervención técnica de profesionales especializados en Derecho del Trabajo.

 

                                                                     SERPYME  //  08.11.2018

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          El INE ha hecho pública hoy la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre de 2018; entre los principales resultados, destacamos en este titular la tasa de paro, que sitúa en el 14,55%, con un descenso acumulado en el último año de 1,83 puntos.

 

          Que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15% es el requisito temporal establecido para la vigencia de incentivos, reducciones y bonificaciones en una serie de contratos laborales establecidos por la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y Ley 11/2013,de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

 

          Respecto de la primera de ellas, el art. 4 de la Ley 3/2012 es el que regula el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, cuya vigencia temporal limita la Disposición Transitoria 9ª a la tasa de paro referida.

 

          Con respecto a las previstas en la Ley 11/2013, es la D. Transitoria 1ª la que fija esta límite temporal sujeto a la condición de la tasa de paro, y afecta a los incentivos establecidos en los arts. 9 a 13, que enumeramos a continuación:

 

-        Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.

-        Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.

-        Contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.

-        Primer empleo joven.

-        Contratos en prácticas.

 

Para consultar la Nota de Prensa emitida por el INE puedes seguir el siguiente enlace: https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0318.pdf

 

                                                                      SERPYME  //  25.10.2018

 

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Miércoles, 24 Octubre 2018 10:10

CALENDARIO LABORAL 2019

                   

Están pendientes de publicarse las fiestas locales en el BOP - que en la ciudad y su área de influencia serán el lunes 24 de junio y sábado 5 de octubre -, pero ya ha salido en el BOE la Resolución de la Dirección General de Trabajo que fija la relación de fiestas laborales para el año 2019, con el anexo en el que se señalan las de ámbito nacional y autonómico.

 

El mes de enero tiene sus dos festivos navideños próximo a los fines de semana; Año Nuevo es martes, y el día de reyes se traslada al lunes por coincidir en domingo.

 

     La Semana Santa cae este año en el mes de abril: los días 18 y 19 son respectivamente, jueves santo y viernes santo; y muy cerca está el martes, día 23, fiesta de Castilla y León.

 

          La fiesta nacional de España es el sábado 12 de OctubreEl día de Todos los Santos (1 de noviembre) al ser viernes se une al fin de semana. Y en diciembre suman cuatro días la Constitución y la Inmaculada junto con el fin de semana, al ser el primero viernes (día 6)  y el segundo trasladarse al lunes por caer en domingo (día 8).

 

Equidistantes miércoles son el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y el día 25 de diciembre, Navidad. Y, por último, en jueves coincide el día 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

                   

          Si tienes interés en consultar los festivos en otras Comunidades Autónomas, en este enlace puedes ver el anexo a la resolución (páginas 3 y 4): https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14369.pdf

 

 

                                                                      SERPYME  //  23.10.2018

 

 

 

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En relación a la posible exención de IRPF de las prestaciones de maternidad percibidas por la Seguridad Social, y tras un tira y afloja entre la Justicia y la Agencia Tributaria, el pasado 3 de octubre, el Tribunal Supremo se ha pronunciado finalmente, fijando doctrina legal.

La doctrina que fija el Alto Tribunal es la siguiente: “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”

Como consecuencia de este criterio, se abre la posibilidad para las perceptoras de este tipo de rentas de solicitar la devolución de ingresos indebidos ya declarados en ejercicios anteriores, así como de dejar de soportar retenciones quienes los perciban actualmente o en el futuro.

El procedimiento para solicitar la devolución ha sido aclarado por la Agencia Tributaria:

-        Para prestaciones recibidas durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, es decir, los ejercicios ya declarados y no prescritos, se sebe solicitar la rectificación de la declaración del ejercicio correspondiente. Puede ser un ejercicio o varios, en función de en qué momento se percibió la prestación.

La nota publicada por la Agencia Tributaria afirma que se habilitará un formulario los próximos días, de cara a agilizar el procedimiento.

-        Para prestaciones percibidas a partir de 2018, ya en la próxima declaración, en el ejercicio 2019, se incluirán como rentas exentas, por lo que se devolverá la totalidad de retenciones soportadas, si es que se han percibido con retención.

-        En caso de solicitudes realizadas con anterioridad a la sentencia el Supremo que estén pendiente de resolución, el órgano que lo esté revisando será quien se pronuncie acerca de la aplicación de la nueva doctrina al caso concreto.

-        Si se hubiese solicitado la rectificación anteriormente, y ésta hubiese sido desestimada, siendo firme la resolución, no cabrá nueva solicitud, por lo que no procederá la devolución.

Para las prestaciones percibidas con anterioridad a 2014, no será posible pedir devolución, ya que los ejercicios están prescritos.

Por su parte, la Seguridad Social procederá a realizar los pagos de las prestaciones de maternidad sin aplicar ya retención alguna.

Se está a la espera de aclarar si las prestaciones por paternidad recibirán el mismo tratamiento fiscal.

En los próximos días se podrá acceder al formulario que ponga a disposición la Agencia Tributaria para tramitar las solicitudes, si bien hay que tener en cuenta que se dispone de un plazo de cuatro años para solicitar la rectificación de liquidaciones, a contar desde el día siguiente a la finalización del periodo voluntario de pago. Por ejemplo, para el ejercicio 2014, el derecho a solicitar rectificación finalizaría el 30 de junio de 2019.  

SERPYME//OCTUBRE-2018

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