Martes, 23 Enero 2018 17:04

PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2018

Como todos los años, la Agencia Tributaria ya ha hecho públicos los sectores en los que centrará su actividad de control sobre el fraude tributario.

Siguiendo la línea de años anteriores, la actividad económica vinculada a nuevos canales de venta, como el comercio electrónico, será un objetivo de control prioritario, tratando de detectar la existencia de tramas fraudulentas constituidas con ánimo de eludir impuestos.

Asimismo, se controlarán las plataformas online que agrupan varias tiendas, o aquellos casos en los que una empresa vende lo que otra produce, de cara a evitar operaciones triangulares concebidas para defraudar impuestos.

Pero la informática no sólo ha avanzado de cara a los vendedores, sino también de cara a Hacienda, que con nuevas técnicas de análisis de grandes volúmenes de datos procurará una mayor eficiencia en la detección del fraude.

Otro campo de actuación será el control de la utilización de criptomonedas, o moneda virtual, que en estos momentos está viviendo un gran auge.

La entrada en vigor del sistema de suministro de información inmediata, el SII, supone que las empresas acogidas a dicho sistema no presenten el resumen anual de IVA, el modelo 390, por lo que la Agencia Tributaria establecerá controles analizando las operaciones en tiempo más cercano al de su realización, sin tener que esperar a los periodos de esa declaración anual.

En cuanto al IVA, se seguirá prestando especial atención a las operaciones intracomunitarias relacionadas con material o componentes electrónicos y vehículos. También se controlará la entrada de productos de mercados asiáticos, adquiridos por el consumidor final y susceptibles de ser declarados por un valor inferior al real al entrar en la Unión Europea, eludiendo así el pago de IVA correspondiente. Junto a todas estas operaciones en relación al IVA, se eliminará del Registro de Operadores Intracomunitarios a quien actué de forma fraudulenta.

 

El plan de control también señala otros campos de actuación como el control aduanero o de impuestos especiales. En cualquier caso, dada la rapidez con la que la Agencia Tributaria recopila información y los análisis de datos que realiza, conviene prestar mucha atención a las operaciones realizadas, de cara a evitar posibles comprobaciones o inspecciones. 

SERPYME 23/1/18

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          Cuando hace un par de años se empezó a hablar en España de economía colaborativa no pensamos que este “reinvento” del trueque fuera a convertirse en una actividad empresarial. Pero con las infinitas posibilidades que internet y las nuevas tecnologías ofrecen, ampliando el territorio vecino al Globo con un clic, se han gestado y han nacido agentes de servicios de intermediación, cuya gestión realizan a través de una aplicación para teléfonos inteligentes, su principal activo.

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            Con fecha 02/11/17, se dictó sentencia por la Sala Cuarta en recurso de casación para unificación de doctrina sobre la determinación de los supuestos en que cabe recurso de suplicación en materia de impugnación de una sanción impuesta al beneficiario de prestaciones de S. S., en concreto, de prestaciones por desempleo.

            La Sala del TSJ – Valladolid había sostenido hasta ahora que en materia prestacional de sanciones de la LISOS no cabía recurso de suplicación si la cuantía no alcanzaba los 18.000.-€, en aplicación de lo previsto en el art. 191.3.g) LRJS, al incluir en el concepto de “actos administrativos en materia laboral” aquellos que tienen su origen en el ámbito de una relación de seguridad social; sólo excepcionaba a esta regla que se tratara del “reconocimiento o denegación” de prestaciones por desempleo – incluyendo el reintegro por indebidas – al considerarlo un acto gestor.

            Y es esta interpretación la que se casa y anula por el T.S., determinando como correcta la contradictoria emanada del TSJ-Cataluña: en los procesos de impugnación por el beneficiario de prestaciones de S. S., sancionado con la extinción de éstas, el acceso al recurso es posible por aplicación de la regla del art. 191.2.g) LRJS, es decir, siempre que el contenido económico supere los 3.000,-€.

            La STS 4053/2017 dictamina que “no cabe extender el restrictivo ámbito limitador del acceso al recurso de suplicación que se contiene en el art. 191.3.g) LRJS más allá de los supuestos que literalmente en los mismos se contiene, esto es, a las sentencias dictadas en procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral, no de Seguridad Social. Adoptar la solución contraria a la que asumimos en esta decisión determinaría en la práctica la irrecurribilidad de todas las sanciones de extinción de las prestaciones impuestas a los beneficiarios en materia de desempleo – dado su importe mensual y su duración -, tanto en contributivas como en materia de subsidio para mayores de 52 años.”

                                                                                   SERPYME   // 12.12.2017

 

Si te interesa acceder al texto completo de la sentencia, puedes consultarlo aquí:

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/e1722c4a65945c81/20171127

 

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Tal y como detallamos en un post anterior (pincha aquí para consultar), la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo implica una serie de novedades entre las cuales, a efectos fiscales, y con efectos desde el 1 de enero de 2018, destacamos las siguientes:

1.-  Deducibilidad de gastos de suministro: para los casos de autónomos que trabajen desde su vivienda, se establece que podrán deducirse los gastos de suministro de dicha vivienda en el porcentaje que resulte de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la actividad destinados a su negocio respecto a la superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Veamos con un ejemplo la aplicación de este nuevo precepto legal. Suponemos el caso de un arquitecto que destina parte de su vivienda a despacho profesional. En el modelo 037 ha comunicado a la AEAT que de su vivienda de 150 metros destinará 52,50 a su actividad, lo que supone un 35% del total de la superficie.

En un mes le llegan las siguientes facturas:

-        Luz: 95 euros

-        Gas: 100 euros

-        Teléfono e internet: 150 euros

-        Agua: 20 euros

-        TOTAL: 365 euros

El total que podrá deducir en su actividad será el 30% sobre el porcentaje de superficie afecto a la actividad, esto es, el 30% sobre el 35% de todos los gastos de suministro:

Total de gastos = 30% x 35% x 365 € = 38,33 euros

Hasta ahora, tan solo se podían deducir gastos de suministro en caso de tener contadores separados, lo cuál es poco habitual, lo que podía dar lugar a regularizaciones y sanciones.

2.- Deducibilidad de gastos de manutención: se equiparan los importes con los establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores, siempre que se produzcan establecimientos de restauración y hostelería, se abonen con medios electrónicos de pago y estén directamente relacionados con la actividad. Así, un autónomo podrá deducirse 27,27 euros al día (48 euros en el extranjero) si no pernocta y 53,34 euros diarios cuando pernocta en España (91,35 euros en el extranjero). Habrá que prestar atención a estos gastos, ya que se deberá mantener la factura y poder justificar la relación directa con la actividad.

 

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Nos encontramos en la recta final del año, y es el momento de aprovechar las ventajas que ofrece la normativa fiscal para reducir la carga fiscal por IRPF y que declararemos en 2018.

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Durante el presente mes de noviembre, habrá de presentarse ante la Agencia Tributaria, vía telemática, un nuevo modelo de información, denominado “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales”. Esta declaración ha de presentarse por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, es decir, no afecta a personas físicas. 

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          Si bien la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo muchas de sus actuaciones a raíz de campañas específicas de control – de contratación temporal, en materia de jornada, de cotizaciones de revisiones salariales, etc. – sin necesidad de desplazarse a los centros de trabajo, mediante requerimientos enviados incluso por correo electrónico a las empresas, en otras ocasiones se persona el Inspector de trabajo en las dependencias de la empresa, ¿qué hacer? Sobre todo, conservar la calma.

 

          En el ejercicio de sus funciones, los inspectores tienen el carácter de autoridad pública, estando autorizados por la ley para entrar libremente y sin previo aviso en todos los centros de trabajo o establecimientos, así como a permanecer en los mismos. Sólo si el lugar de trabajo coincide con el domicilio de una persona física deben obtener su consentimiento o, en otro caso, autorización judicial. También recoge la ley que deberán identificarse documentalmente y comunicar su presencia al empresario o responsable, con la excepción de que esta identificación pueda perjudicar el buen fin de la actuación inspectora. En definitiva, no se debe impedir el acceso del inspector de trabajo y se le puede solicitar su acreditación. A tener en cuenta que la obstrucción de la labor inspectora también es una falta tipificada en la Ley de Infracciones y Sanciones.

 

          Las materias objeto de comprobación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podemos esquematizarlas así: relaciones laborales, prevención de riesgos laborales, seguridad social, empleo y migraciones. Actúan de oficio en múltiples ocasiones (p.ej. ante un accidente laboral grave o muy grave, a fin de examinar si ha existido infracción en PRL), y en otras por denuncia o a requerimiento de otras administraciones (TGSS, Juzgados, etc.).

 

          ¿Qué puede ocurrir si, por ejemplo, tenemos trabajando una persona sin dar de alta en S.S.? Pues que el Inspector la identifique, compruebe este incumplimiento y, a renglón seguido, de curso a las actas de infracción y liquidación de cuotas. Los titulares de las noticias nos indican que esta situación de fraude es de las más frecuentes, a lo que cabe añadir que es también de las más graves con las que se pueden encontrar tanto la empresa como, en ocasiones, el trabajador, si es beneficiario de alguna prestación. Las sanciones por falta de alta del trabajador en S. S. tienen una cuantía mínima de 3.126 € ó de 10.001 € (ésta última si percibe alguna pensión o prestación); se pueden incrementar entre un 20 y un 50% (en función del número de afectados); conllevan la pérdida de ayudas, subvenciones y bonificaciones, así como la exclusión de todas ellas por un año; a lo que habrá que añadir las liquidaciones de cuotas de cotizaciones sociales. El trabajador-beneficiario, por su parte, perderá definitivamente las prestaciones por desempleo o seis mensualidades de su pensión.

 

          Finalmente, recordamos que desde el mes de julio de 2015 ya no es obligatorio disponer del Libro de Visitas para documentar la visita del Inspector de Trabajo, y que todas las actuaciones (visitas y comparecencias) deben quedar documentadas en una diligencia cuyo modelo se aprobó mediante la Orden ESS/1452/2016.

 

                                                                               SERPYME  //  02.10.2017

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También te puede interesar:

 Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de I.T.S.S.: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8168

 R.D. Legislativo 5/2000 Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060

Eliminada la obligación de disponer del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo: http://www.serpyme.es/noticias/item/137-eliminada-la-obligacion-de-disponer-de-libro-de-visitas-de-la-inspeccion-de-trabajo/137-eliminada-la-obligacion-de-disponer-de-libro-de-visitas-de-la-inspeccion-de-trabajo

 

 

 

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          Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (30.03.2017, Rec. 2155/2015) confirma la improcedencia del despido tácito al haber decidido la empresa unilateralmente suspender el contrato de trabajo del conductor, con causa en que le fue retirado temporalmente el permiso de conducir, necesario para realizar su actividad laboral.

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            La sentencia del Tribunal Supremo de 25/04/2017 (Rec. 848/2016) vuelve a eximir de responsabilidad a la compañía aseguradora porque el siniestro no se le comunicó en el plazo establecido en la póliza. Reitera así la doctrina sentada por la sentencia del 18/02/2016 (Rec. 3136/2014), que conlleva que la indemnización de daños y perjuicios reclamada por el trabajador accidentado sea por cuenta de la empresa.

            La cláusula en cuestión viene a imponer la obligación del tomador del seguro (la empresa) de comunicar el siniestro, ocurrido durante la vigencia de la póliza, en un plazo máximo; es decir, esta cláusula delimita temporalmente el riesgo asumido por la compañía aseguradora. Es perfectamente lícita y con plena validez, afirma el Tribunal.

            Dado que el tomador no comunicó el siniestro dentro del plazo fijado en el contrato de seguro, incumpliendo su obligación, la aseguradora es absuelta del pago de la indemnización reclamada (en torno a los 60.000,- € en los dos procedimientos).

            Los términos habituales de estas cláusulas son delimitar el riesgo asegurado a los siniestros ocurridos durante la vigencia del contrato o hasta uno o dos años después de su finalización (conviene revisar el condicionado de su contrato de seguro y tener claro el plazo). Cuando en la empresa ocurra un accidente grave, comuníquelo fehacientemente a la aseguradora; en caso de duda, hágalo también. Y siempre dentro del plazo estipulado en la póliza.

 

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                                                                            SERPYME  //  22.05.2017

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Martes, 16 Mayo 2017 10:43

JUBILACION ACTIVA

            Según establece el art. 214 de la Ley General de la Seguridad Social, la pensión de jubilación contributiva es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en las siguientes condiciones:

  • La jubilación tiene que producirse a la edad ordinaria (no bonificada ni anticipada).

  • El pensionista tiene que haber cotizado lo suficiente para tener derecho al 100% de pensión.

  • El trabajo que se realice puede ser a tiempo completo o parcial.

             Cumplidos estos requisitos, el pensionista percibe el 50% de la cuantía total de la pensión, con los límites legales máximos y sin complemento a mínimos.

El trabajador-jubilado tiene que mantenerse de alta en la Seguridad Social, si bien sólo cotizará por incapacidad temporal y contingencias profesionales, y un 8% adicional de cotización especial de solidaridad. Si el jubilado trabaja por cuenta ajena, ese 8% se distribuye entre empresa y trabajador, siendo el 6% a cargo de la primera y el 2% restante por cuenta del pensionista.

Esta fórmula de compatibilidad se enmarca dentro de la tendencia del Sistema orientada al envejecimiento activo, junto a otras formas de jubilación flexible, ya que el abanico de posibilidades se ha abierto sustancialmente en los últimos años, como se puede ver en el índice de la web de la Seguridad Social:

·        Jubilación ordinaria

·        Jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional

·        Jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad

·        Jubilación anticipada por tener la condición de mutualista

·        Jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista

·        Jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo

·        Jubilación anticipada por voluntad del trabajador

·        Jubilación flexible

·        Jubilación parcial

·        Jubilación especial a los 64 años

·        Jubilaciones anticipadas desde el 1-1-2004, por expediente de regulación de empleo

Trataremos de ir resumiendo las modalidades a fin de orientar las expectativas, si bien es imprescindible en cada situación particular hacer un examen pormenorizado de los requisitos y condiciones legales, antes de tomar una decisión al respecto.

                                                                 #asesoriaenleon #asesoriadeempresas #asesoriajuridica #aseorialaboral #asesoriaserpyme #serpyme        

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